Cuando un inquilino deja de pagar la renta y los intentos de solución amistosa no dan resultado, el propietario se ve obligado a acudir a la vía judicial. El procedimiento de desahucio por impago tiene como finalidad principal recuperar la posesión de la vivienda y reclamar las cantidades adeudadas, incluidas las rentas vencidas y las que se sigan devengando hasta la entrega del inmueble.

Entender cómo funciona un juicio por impago de alquiler, cuáles son sus fases y qué consecuencias tiene para cada parte permite al propietario actuar con mayor seguridad y tomar decisiones informadas desde el primer momento.

Qué es un juicio de desahucio por impago de alquiler

El juicio de desahucio por impago es un procedimiento regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se inicia cuando el arrendatario incumple su obligación principal, que es el pago de la renta, y el arrendador solicita judicialmente la resolución del contrato y la devolución de la vivienda.

En la mayoría de los casos, la demanda incluye dos pretensiones. Por un lado, el desalojo del inmueble. Por otro, la reclamación de las rentas impagadas y de las cantidades que se generen hasta la recuperación efectiva de la posesión.

Inicio del procedimiento: demanda de desahucio y reclamación de rentas

El procedimiento comienza con la presentación de la demanda ante el juzgado de primera instancia del lugar donde se encuentra la vivienda. Para este trámite es obligatorio contar con abogado y procurador.

En la demanda se solicita la resolución del contrato, el lanzamiento del inquilino y el pago de las cantidades debidas. Una vez presentada, el juzgado analiza la documentación y decide si la admite a trámite.

Admisión de la demanda y notificación al inquilino

Admitida la demanda, el juzgado dicta un decreto en el que fija de forma provisional dos fechas relevantes. Por un lado, la fecha del lanzamiento, que se ejecutará si el inquilino no paga ni se opone. Por otro lado, la fecha de la vista del juicio verbal, que solo tendrá lugar si el arrendatario presenta oposición.

El inquilino recibe la notificación junto con la demanda y dispone de un plazo de diez días hábiles para actuar. En ese tiempo puede pagar la deuda, oponerse al procedimiento o no realizar ninguna actuación.

Qué ocurre si el inquilino no paga ni se opone

Si el inquilino no paga ni presenta oposición dentro del plazo legal, no se celebra juicio. El juzgado dicta un decreto que da por terminado el procedimiento y confirma el desahucio.

Este decreto permite ejecutar el lanzamiento en la fecha señalada y condena al arrendatario al pago de las cantidades adeudadas. Si el inquilino no abandona la vivienda voluntariamente, se procederá al desalojo forzoso.

Qué sucede si el inquilino se opone a la demanda

Cuando el inquilino presenta oposición, se celebra la vista del juicio verbal. En esta fase, ambas partes exponen sus argumentos y aportan las pruebas que consideren oportunas.

Tras el juicio, el juez dicta sentencia resolviendo el conflicto. Si la sentencia es favorable al propietario, tendrá los mismos efectos que el decreto de desahucio, confirmando la resolución del contrato, el lanzamiento y la condena al pago de las cantidades debidas.

Ejecución del lanzamiento

Si el inquilino no entrega las llaves de forma voluntaria, el juzgado ordena la ejecución del lanzamiento. En la fecha señalada, un funcionario judicial acudirá a la vivienda, acompañado de cerrajero y fuerzas de seguridad si es necesario, para recuperar la posesión del inmueble.

Reclamación y cobro de las cantidades adeudadas

Una vez recuperada la vivienda, se inicia la fase de ejecución para reclamar las rentas impagadas, los suministros pendientes, los posibles daños y las costas judiciales.

Si el inquilino no paga de forma voluntaria, el juzgado puede acordar embargos sobre cuentas bancarias, nóminas o bienes del deudor hasta cubrir la deuda.

Cuánto puede durar un juicio por impago de alquiler

La duración del procedimiento varía en función del juzgado y de la rapidez de las notificaciones. De forma orientativa, un proceso de desahucio por impago puede durar alrededor de seis meses, aunque este plazo puede acortarse o alargarse según el caso concreto.

Consecuencias legales para el inquilino que no paga el alquiler

El impago del alquiler puede tener consecuencias relevantes para el inquilino. La más inmediata es la pérdida de la vivienda mediante el lanzamiento judicial. A ello se suma la obligación de pagar la deuda acumulada, incluidos intereses y costas del procedimiento.

Además, el impago puede afectar a su historial como arrendatario. Aunque no existe un registro público oficial, sí operan ficheros privados de morosidad que pueden dificultar el acceso a futuros alquileres y a determinados productos financieros.

¿Se puede demandar por un solo mes de impago?

La ley permite iniciar un procedimiento de desahucio por impago con un solo mes de renta impagada. No es necesario acumular varios impagos para acudir a los tribunales, aunque en la práctica suele intentarse primero una reclamación extrajudicial.

Actuar con rapidez puede evitar que la deuda siga creciendo y que el conflicto se agrave.

La importancia de una protección adecuada frente al impago

El juicio por impago de alquiler es un proceso legal complejo y, en muchos casos, largo. Contar con una gestión preventiva y con respaldo jurídico especializado permite al propietario afrontar estas situaciones con mayor tranquilidad y reducir el impacto económico del impago.

Disponer de un sistema de protección que cubra tanto las rentas impagadas como los costes legales asociados facilita la recuperación del inmueble y evita que el propietario tenga que asumir en solitario las consecuencias de un incumplimiento contractual.

Una de las preguntas frecuentes en relación a la nueva Ley de Vivienda, para un alquiler seguro, gira en torno al desahucio del inquilino por impago de alquiler: ¿puedo desahuciar a mi inquilino si no me paga?

La respuesta es sí, puedes desahuciar a tu inquilino, siempre y cuando, haya incumplido con el contrato de alquiler. Especialmente es causa de desahucio  el impago de alquiler.

Con la nueva ley por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023), en el escrito de demanda judicial de desahucio, se deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

• Se deberá hacer mención expresa a si la vivienda arrendada constituye la vivienda habitual del ocupante.
• Se deberá manifestar si el propietario es gran tenedor o no lo es. Deberá acreditarlo mediante un certificado del Registro de la Propiedad donde conste la relación de sus propiedades.
• Si el propietario es un gran tenedor de viviendas, deberá acreditar que el ocupante de la vivienda no es una persona vulnerable. En el caso de que lo sea, se deberá demostrar que se haya sometido al proceso de mediación previsto que al efecto se establezca, previo a la demanda.

Te recomendamos leer: ¿Cómo sé si soy o no un gran tenedor?

Para estar seguro de que vas a cobrar el alquiler de tu vivienda arrendada, te recomendamos siempre haber contratado un seguro de alquiler o empresa de Garantía de alquiler seguro como SEAG. Somos especialistas en temas de impago de alquiler.

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La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que entró en vigor el 26 de mayo de ese mismo año introdujo una serie de cambios a las regulaciones en materia de vivienda y de alquiler, y uno de los más significativos fue el concepto de gran tenedor. En este artículo te explicamos exactamente qué es, pero también lo que supone ser un gran tenedor de vivienda en España con esta modificación y aspectos importantes que debes tener en cuenta. ¡Sigue leyendo para más información!

¿Qué es un gran tenedor?

Aunque la ley de vivienda menciona diferentes tipos de propietarios, en realidad todo acaba centrándose en el pequeño propietario y el gran tenedor. El primero de ellos tiene que ver con aquel que cuenta con menos de 10 propiedades en posesión, mientras que el concepto de gran tenedor se refiere a toda persona física o jurídica que sea titular de más de 10 viviendas o de una superficie total construida mayor a los 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros, tal y como se especifica en el artículo 3 de la mencionada ley. Ahora bien, la normativa también indica que los límites de los grandes tenedores de viviendas pueden reducirse en casos concretos, cuando se habla de una zona residencial tensionada, algo que es competencia de cada comunidad autónoma. En estos casos, también podrían ostentar la denominación de gran tenedor aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho término. Es importante aclarar que la titularidad de todas las viviendas se computa, incluso, considerando las de uso personal o segunda residencia.

¿Qué implica ser un gran tenedor de viviendas?

La razón de diferenciar entre pequeños propietarios y grandes tenedores es fundamental teniendo en cuenta las implicaciones legales que existen en el segundo de los casos. Algunos de los aspectos más significativos son los siguientes:

• Prórroga extraordinaria obligatoria: La ley de derecho a la vivienda mencionada modifica en la disposición final 1ª el artículo 10 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) de manera que los grandes tenedores quedan obligados a aceptar una prórroga extraordinaria en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuando el arrendatario acredite que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica.
• Limitaciones en la renta: La LAU incorpora nuevos apartados en su artículo 17, en concreto los apartados 6 y 7 que fijan limitaciones en la renta. Lo que indican es que cuando la vivienda se encuentra en una zona tensionada, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no puede excederse nunca de la última renta de contrato de arrendamiento habitual vigente en los últimos 5 años (una vez que se haya aplicado la cláusula de actualización anual de la renta, ahorra mediante el nuevo índice de precios de referencia). Además, en algunas comunidades autónomas como Cataluña, existen limitaciones específicas para las rentas, fijándose el tope máximo legal para los alquileres de las zonas tensionadas.
• Nuevo requisito de admisibilidad en las demandas de desahucio: Esto viene introducido con la disposición final 5ª de la ley que modifica el artículo 439 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). En concreto, lo que dice es que se introduce un nuevo requisito a la hora de admitir las demandas de los desahucios arrendaticios, los precarios, las tutelas sumarias de la posesión y protección de los derechos reales inscritos en los apartados 1º, 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la LEC. Si se cumplen los tres requisitos de que el inmueble sea la vivienda habitual, que el ocupante esté en situación de vulnerabilidad social y que el demandante sea un gran tenedor, entonces la demanda no será aceptada si no se demuestra que el demandante ha seguido un proceso de conciliación o intermediación establecido por las Administraciones Públicas, considerando la situación de ambas partes y las ayudas disponibles según las leyes de vivienda.

¿Qué son las zonas de mercado residencial tensionado?

Como habrás visto, es importante saber cuándo se considera gran tenedor, al igual que también lo es conocer lo que son las zonas de mercado residencial tensionado, concepto introducido con las últimas actualizaciones de la ley. Por ello, y sin entrar en muchos detalles, te lo explicamos en este apartado para que no te resulte complicado de entender. Este concepto se refiere a zonas en las que la carga media del coste de la vivienda supere el 30% de la renta media de los hogares o, alternativamente, las zonas en las que el precio de la vivienda ha experimentado en los últimos 5 años un crecimiento acumulado superior al 3% del IPC. Además, la definición de las zonas es una competencia que se atribuye a la administración autonómica y la condición es revisable a los tres años de vigencia.

Certificado Gran Tenedor: ¿puede solicitarlo el inquilino?

Ahora que ya sabes qué se considera gran tenedor, es importante hablar del certificado de gran tenedor. Es importante saber que este documento, regulado por ley, se destina puede ser solicitado por los inquilinos para demostrar la condición de gran tenedor del arrendador, por ejemplo, para acreditaciones legales en procesos judiciales como desahucios o para acceder a subvenciones y ayudas. Ahora bien, para obtener el certificado de gran tenedor por parte del inquilino, primero se debe identificar el registro de la propiedad donde se encuentran las viviendas. Luego, es necesario recopilar toda la información pertinente, como partidas registrales e información de las propiedades. Posteriormente, se presenta una solicitud formal al registro correspondiente, completando los formularios necesarios y abonando las tasas administrativas requeridas. y, finalmente, el registro evalúa la solicitud y, si todo está en orden, emite el certificado con la información solicitada.

¿Necesitas más información? Te recomendamos leer nuestras preguntas frecuentes sobre la nueva ley de vivienda. Por otro lado, si lo que quieres es alquilar con total tranquilidad, te recordamos que puedes contratar nuestro servicio de garantía indefinida, la opción más recomendada para estar protegido frente a un posible impago y hasta la recuperación de tu vivienda. Además, contarás con protección jurídica por parte de nuestros abogados. Nos encargamos de todo el proceso de reclamación asumiendo los gastos. Contacta con nuestro equipo para saber más.

Si hay un apartado que creó controversia con la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, ese es el de las denominadas zonas de mercado residencial tensionado. Este concepto consiste en una medida que las administraciones competentes pueden adoptar, si así lo desean, en áreas donde existe un riesgo significativo de oferta insuficiente de vivienda. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre la declaración de estas zonas. ¡Vamos a ello!

¿Qué es una zona tensionada?

Las zonas de mercado residencial tensionado, también conocidas como zonas tensionadas, son áreas territoriales delimitadas en las que existe un riesgo importante de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado y teniendo en cuenta las diferentes necesidades territoriales. Esta medida afecta sobre todo a las grandes ciudades y es gestionada por cada administración la cual debe seguir el siguiente procedimiento:

• Se realiza un análisis previo del mercado residencial, incluyendo indicadores de precios, renta disponible y esfuerzo económico de los hogares. ​
• Se publica la información utilizada para la declaración, garantizando transparencia.
• La resolución debe estar motivada y comunicada al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (esta se actualiza en su página web).

¿Cómo se declara una zona de mercado residencial tensionado?

Para poder declarar una zona de mercado residencial tensionado se pueden presentar dos circunstancias específicas y basta con cumplir con una de ellas. La declaración tiene una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga anual si persisten las condiciones que la justificaron. Estas son las circunstancias que justifican la declaración:

• La carga económica de la vivienda (hipoteca o alquiler, más gastos básicos) supera el 30% de los ingresos medios de los hogares. ​
• *El precio de compra o alquiler ha crecido en los últimos cinco años al menos tres puntos porcentuales por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la comunidad autónoma.

*Para las futuras declaraciones de zonas tensionadas a partir de 2025 se tendrá en cuenta también el nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV).

¿Cómo afecta la declaración de zona residencial tensionada a los precios del alquiler?

Las zonas de mercado residencial tensionado están sujetas a medidas específicas con respecto a los precios de alquiler. En estas zonas, para los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas que hayan estado arrendadas en los últimos cinco años, el alquiler se limita generalmente a la renta del contrato anterior, ajustada por la actualización anual.  Sin embargo, se permiten incrementos adicionales de hasta un 10% sobre la renta anterior en casos específicos, como cuando la vivienda ha sido objeto de rehabilitación o mejora de la eficiencia energética.   

En el caso de los arrendadores que sean grandes tenedores de vivienda en estas zonas, o para viviendas que no hayan sido arrendadas en los últimos cinco años, el alquiler no puede exceder el límite máximo del precio aplicable según el sistema de índices de precios de referencia. Los grandes tenedores de vivienda en estas zonas, así mismo, deben colaborar con las administraciones, proporcionando información sobre el uso y destino de sus inmuebles. ​Por lo tanto, para saber cuál es el precio máximo del alquiler en una zona tensionada hay que tener en cuenta los aspectos mencionados.

Mapa zonas tensionadas alquiler: ¿Dónde están ubicadas?

Hasta el momento, el mapa de zonas tensionadas con alquileres limitados son Cataluña, según la resolución del 14 de marzo de 2024 y la del 8 de octubre del mismo año, y el País Vasco (en concreto, el municipio de Errenteria) tras la publicación de la última resolución de 28 de enero de 2025. Al hablar del caso concreto de zonas tensionadas, alquiler, Cataluña y los municipios afectados en esta comunidad podemos encontrarnos con un total de 271 municipios. Es importante dejar claro que hay más municipios de diferentes comunidades autónomas que han reclamado la declaración de zona tensionada, siguiendo las motivaciones que se explicaban en este artículo, por lo que conforme pase el tiempo el número puede ir en aumento en función de si cumplen con los requisitos para ser declaradas como tal o no según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Consejos para alquilar en una zona tensionada

Las medidas de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda establecen limitaciones de dos formas, como hemos visto. De manera resumida, son las siguientes:

• Se restringe la capacidad de fijar libremente el precio del alquiler, ya que está limitado por el contrato anterior o por el sistema de índices de precios de referencia en ciertos casos.  
• Se introducen mayores obligaciones de información y transparencia, especialmente para los grandes tenedores, para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.  

Esto, en algunos casos, puede provocar un desequilibrio entre los derechos de los propietarios e inquilinos, con normativas que favorecen excesivamente a los arrendatarios y que crean el efecto contrario, es decir, desincentivar la puesta en alquiler de viviendas. En cualquier caso, es importante que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones si tienes pensado alquilar en una zona tensionada para lograr un equilibrio justo y evitar problemas legales:

• Ajusta al precio de referencia: Antes de alquilar, asegúrate de que el alquiler no exceda el límite máximo del sistema de índices de precios de referencia.   
• Considera realizar mejoras en la vivienda: Realiza mejoras que permitan incrementar el alquiler hasta un 10% sobre la renta anterior, como rehabilitaciones, mejoras de eficiencia energética (ahorro de energía primaria no renovable del 30%), o mejoras de accesibilidad.
• Ofrece contratos de larga duración: Considera la posibilidad de ofrecer contratos de arrendamiento de larga duración para el arrendatario, ya que esto puede permitirte optimizar el alquiler, sobre todo antes de que se establezca una zona tensionada en tu municipio.
• Infórmate sobre las ayudas y subvenciones: Mantente al tanto de las posibles ayudas y subvenciones disponibles para los propietarios, lo que puede ayudarte a maximizar tus ingresos o compensar las limitaciones en los precios del alquiler (contempladas también en la mencionada ley).
• Colabora con la administración: Estate dispuesto a colaborar con las Administraciones Públicas y a proporcionar la información requerida, especialmente si eres un gran tenedor, para asegurar el cumplimiento de la normativa y evitar problemas legales.

Además, si quieres asegurar tu alquiler te recomendamos que contrates nuestro servicio de alquiler garantizado de SEAG. Este te prevendrá en caso de sufrir un impago, lo que significa que seguirás cobrando tu alquiler de manera indefinida hasta la recuperación de tu vivienda. Nuestra garantía incluye, así mismo, la protección jurídica para el propietario, de manera que nuestro equipo de abogados se encargará de todos los trámites derivados de la reclamación. Este servicio asume los costes de Procurador, notificaciones, poderes notariales y tasas judiciales, y suma una compensación de hasta 3.000 euros en caso de daños por actos de vandalismo. ¡Solicítanos más información!

La morosidad en una comunidad de propietarios es una situación que genera preocupación y conflictos recurrentes entre vecinos, administradores y juntas de propietarios. Una duda habitual es si es legal o no colgar en el tablón de anuncios o en lugares visibles dentro de la finca una lista con los nombres de los vecinos que no han pagado sus cuotas comunitarias. La respuesta no es tan simple como “sí” o “no”: depende de la normativa aplicable y de cómo se trate esa información. En este artículo desgranamos paso a paso la regulación vigente, los límites legales y las consecuencias de actuar fuera de la ley.

¿Qué dicen la Ley de Propiedad Horizontal y la protección de datos?

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) son las normas que regulan principalmente esta materia en España. La LPH establece cómo deben gestionarse las relaciones dentro de una comunidad, incluyendo la convocatoria de juntas y la comunicación de los estados de cuenta.

De forma paralela, el RGPD protege el tratamiento de datos personales de cualquier individuo en territorio europeo, incluyendo a los propietarios de una comunidad. La publicación de nombres, números de puerta, importes adeudados u otros datos que permitan identificar a un vecino moroso es un tratamiento de datos personales que, salvo excepciones muy limitadas, no está permitido.

En términos generales, ni el presidente ni el administrador de fincas están autorizados a publicar libremente los nombres de los propietarios morosos en lugares visibles de la comunidad. Esta práctica puede vulnerar el deber de confidencialidad y el derecho a la protección de datos del interesado.

¿Existe alguna excepción legal?

Sí. El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge un supuesto concreto por el que se puede colocar una comunicación en el tablón de anuncios o lugar visible cuando no ha sido posible practicar la notificación en el domicilio del propietario.

Este supuesto tiene carácter muy limitado:

1. Se debe acreditar que se intentó notificar al propietario moroso en el domicilio señalado para notificaciones y que fue imposible practicarla.
2. La colocación en el tablón de anuncios tiene únicamente el objetivo de notificar al interesado, no de hacer pública la lista a todos los vecinos.
3. La comunicación no puede permanecer expuesta más de tres días.
4. No debe colocarse en zonas accesibles a personas ajenas a la comunidad.

Fuera de este supuesto —es decir, para cualquier otro caso de publicación de listas de morosos— la comunidad no está autorizada a revelar datos personales de los propietarios. Esto incluye colgar listados con nombre, apellidos, número de vivienda o importe adeudado.

Diferencia entre notificación legal y exposición pública

Es importante distinguir entre la notificación legal de deudas en el contexto de una junta de propietarios y la exposición pública de esa información en la comunidad.

● Notificación legal en convocatoria de junta
Cuando el presidente o administrador convoca una junta de propietarios, debe remitir a cada propietario una copia de la documentación, incluyendo el estado de cuentas. En este documento es habitual que figure el listado de propietarios que no están al corriente del pago. Esta información no se publica en zonas visibles, sino que se entrega de forma privada a cada propietario.

● Exposición pública indebida
Colocar en el tablón de anuncios o en otros lugares accesibles a cualquier vecino una lista con nombres y deudas constituye una difusión de datos personales. Esta publicación puede vulnerar tanto el RGPD como el derecho al honor del propietario moroso, sobre todo si no se cumple el supuesto especial establecido en la LPH.

Riesgos y sanciones por publicar datos sin cumplir la ley

Publicar los datos de vecinos morosos fuera de los supuestos legales puede acarrear consecuencias económicas y jurídicas importantes para la comunidad de propietarios. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene competencia para imponer sanciones cuando se vulneran las normas de protección de datos personales, y éstas pueden alcanzar cantidades significativas.

Además, la comunidad podría enfrentarse a reclamaciones por vulneración del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen del propietario afectado si la publicación se considera injustificada o expone al individuo de forma innecesaria a juicio público.

Buenas prácticas antes de comunicar morosidad

Para evitar sanciones y conflictos, la comunidad de propietarios debe observar las siguientes pautas antes de comunicar cualquier situación de impago:

1. Intentar notificar personalmente al propietario moroso en su domicilio oficial. Documenta cada intento de notificación para acreditar que fue imposible practicarla.
2. Limitar la publicación solamente a lo necesario y durante un plazo breve, exclusivamente cuando se cumplan los requisitos legales del artículo 9 de la LPH.
3. Evitar exponer datos sensibles (como DNI, apellidos completos o detalles excesivos) en cualquier parte de la comunidad.
4. Comunicar el estado de cuentas y la lista de morosos solo en la documentación remitida a cada propietario para la convocación de la junta, sin hacerlo visible a terceros no autorizados.
5. Consultar con un profesional en protección de datos y administración de fincas para asegurar el cumplimiento legal continuo.

¿Qué puede hacer la comunidad si un propietario no paga?

La comunidad de propietarios dispone de mecanismos legales para reclamar el pago de cuotas impagadas sin necesidad de divulgar listas de morosos:

● Acción judicial de reclamación de deudas ante los tribunales, con base en la Ley de Propiedad Horizontal.

● Privación del derecho de voto en la junta, si el propietario no está al corriente de pago, aunque sí puede intervenir con voz.

● Acuerdos de refinanciación o planes de pago, siempre que sean aprobados en junta y respeten el marco legal.

En la práctica, colgar una lista de morosos en el tablón de anuncios no es una vía “rápida” para presionar el pago. Salvo el supuesto muy tasado de la Ley de Propiedad Horizontal para notificar cuando no ha sido posible localizar al propietario, la comunidad se expone a un problema de protección de datos y a un conflicto vecinal innecesario. La clave está en distinguir entre informar a quien debe estar informado y difundir datos personales a quien no tiene por qué conocerlos.

Si la comunidad necesita trasladar información sobre deudas, lo más prudente es hacerlo por los cauces adecuados. Notificaciones individuales, documentación de junta remitida a los propietarios y comunicaciones limitadas a lo imprescindible. Si aún así el impago se mantiene, existen mecanismos eficaces para reclamar la deuda, como la aprobación en junta de la liquidación y la posterior reclamación por la vía legal, además de las consecuencias internas previstas, como la limitación del derecho de voto del propietario que no está al corriente.

En definitiva, ante la morosidad conviene actuar con orden y con pruebas. Intentos de notificación acreditados, documentación bien preparada y asesoramiento cuando sea necesario. Así se protege a la comunidad, se minimizan riesgos legales y se evita que una medida pensada para informar acabe convirtiéndose en una exposición pública que puede salir cara.

En el momento de alquilar una vivienda es fundamental contar con las máximas medidas de seguridad para evitar sorpresas a futuro, y una de las estrategias más recomendadas y efectivas, además de la garantía del alquiler de SEAG, es la de redactar un contrato de alquiler blindado. Ahora bien, exactamente ¿Qué es? ¿Cómo podemos hacer un contrato de alquiler blindado? ¡Sigue leyendo para informarte al detalle!

¿Qué es un contrato blindado?

El contrato blindado es un modelo de arrendamiento diseñado para otorgar la máxima protección legal y económica al propietario de una vivienda. A diferencia de un contrato de alquiler estándar, este tipo de acuerdo incorpora cláusulas adicionales que refuerzan la seguridad en caso de impago, daños al inmueble o incumplimiento por parte del inquilino. La acción de blindar contrato significa ir más allá de las condiciones básicas previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El objetivo es anticiparse a posibles riesgos y establecer, desde el inicio, un marco jurídico sólido que respalde al propietario. En la práctica, un contrato de alquiler blindado no solo detalla las obligaciones del arrendatario, sino que también incluye medidas específicas para asegurar el cobro de la renta y la defensa de los intereses del arrendador.

Hoy en día, ante el aumento de la morosidad y las situaciones de okupación en España, son muchos los dueños de inmuebles que buscan cómo blindar un contrato de arrendamiento. Este tipo de contrato se ha convertido en una herramienta imprescindible para quienes desean alquilar con tranquilidad, sin renunciar a la rentabilidad de su inversión.

Cómo blindar un contrato de arrendamiento

La pregunta de muchos propietarios es clara: ¿cómo blindar un contrato de arrendamiento? Y la respuesta se encuentra en la combinación de cláusulas reforzadas y garantías complementarias que van más allá de las fórmulas habituales. En primer lugar, el contrato debe detallar con precisión aspectos como la renta, la duración, el destino del inmueble y las obligaciones de conservación. Además, es recomendable incluir cláusulas sobre el uso exclusivo de la vivienda, prohibición de cesión o subarriendo sin consentimiento y penalizaciones en caso de incumplimiento.

Otro aspecto esencial al blindar contratos es la inclusión de garantías adicionales. La fianza legal de un mes rara vez resulta suficiente, por lo que se pueden exigir depósitos adicionales, avales bancarios o la contratación de un servicio especializado que garantice el cobro de las mensualidades. El propietario también puede reforzar la protección mediante la incorporación de cláusulas específicas relacionadas con el impago. Por ejemplo, establecer plazos reducidos para la reclamación, pactar el abono de intereses de demora y habilitar la resolución automática del contrato en caso de falta de pago.

En resumen, blindar un contrato de arrendamiento significa diseñar un documento adaptado a los riesgos actuales, donde cada detalle queda cuidadosamente regulado. En este sentido, te recomendamos que tengas en cuenta los siguientes consejos, antes de firmar y durante la vigencia del contrato.

Aspectos a considerar antes del contrato de alquiler blindado

Previo a la firma del contrato, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Tener claro el tipo de contrato que se quiere realizar, es decir, si será un alquiler de vivienda habitual o alquiler de temporada. Su régimen jurídico es diferente. 
• Comprobar la solvencia del inquilino, solicitando las últimas nóminas y declaraciones de renta. 
• Si son varios inquilinos, incluirlos a todos en el contrato de alquiler, como arrendatarios. En caso de impago, el arrendatario podrá reclamar a cualquiera por el total de la deuda. 
• Solicitar una garantía adicional, a añadir a la fianza obligatoria, mediante una transferencia bancaria. 

Aspecto a considerar después de blindar el contrato

Ya durante el alquiler, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

• Regularizar las garantías al igual que puede regularizarse el precio del alquiler. Es decir, si se aumenta la renta mensual se puede aumentar la fianza en la misma proporción.
• No aceptar compensaciones. Es habitual que el inquilino solicite no pagar los últimos meses del alquiler con cargo a la fianza o garantía depositada. Si se acepta esta compensación puede que el propietario se encuentre con desperfectos o deudas y deba reclamarlas en vía judicial.
• El arrendador puede incluir una cláusula en el contrato en la que se indique que el arrendatario deberá suscribir un seguro del hogar que cubra contenido y responsabilidad civil, aunque la ley no lo exige.

Contrato blindado: ejemplo para propietarios

Para entender mejor cómo funciona, podemos ver un ejemplo de contrato blindado. Imaginemos que un propietario alquila un piso en Barcelona a un estudiante. En lugar de limitarse a la fianza, el arrendador incorpora las siguientes medidas:

“El contrato establece que el arrendatario debe presentar un aval bancario equivalente a tres mensualidades. Se incluye una cláusula que prohíbe expresamente el subarriendo sin autorización y se fijan penalizaciones económicas en caso de incumplimiento. Asimismo, se regula la resolución inmediata del contrato si transcurren 30 días sin el abono de la renta. Además, el contrato especifica que cualquier desperfecto causado en la vivienda será responsabilidad directa del inquilino, con obligación de abonar la reparación de forma inmediata”.

Todo ello se combina con un servicio de protección externa que garantiza al propietario el cobro de la renta, en el caso de que el arrendatario deje de pagar. Este contrato blindado demuestra cómo se pueden combinar disposiciones legales y garantías adicionales para dar mayor tranquilidad al arrendador. El resultado es un contrato de alquiler blindado que minimiza riesgos y maximiza la seguridad jurídica y económica.

Seguridad adicional al contrato blindado de alquiler

Aunque el contrato blindado de alquiler ofrece una mayor protección que un contrato estándar, muchos propietarios buscan una seguridad aún más completa. En SEAG, sabemos que las cláusulas, por sí solas, no siempre son suficientes. Por eso ponemos a disposición de los arrendadores un sistema de garantías que cubre los riesgos más habituales y que actúa como complemento perfecto al blindaje contractual. Nuestra cobertura incluye el cobro garantizado de las rentas de forma indefinida, sin límite de mensualidades. Esto significa que, aunque el inquilino deje de pagar, el propietario seguirá percibiendo sus ingresos puntualmente (en el caso de los alquileres temporales, generalmente no superiores a 6 meses, nuestra garantía de alquiler temporal cubre hasta 12 mensualidades, superior a la de los seguros de impago de alquiler tradicionales).

Además, ofrecemos una defensa jurídica integral, con todos los gastos legales cubiertos en caso de tener que iniciar un procedimiento judicial por nuestros abogados especializados. También garantizamos la protección frente a actos de vandalismo, con una cobertura de hasta 3.000 euros tras descontar la fianza. De esta forma, los propietarios no solo cuentan con un contrato blindado de alquiler bien redactado, sino también con un respaldo práctico y eficaz que les permite alquilar sin miedo. Nuestra experiencia nos demuestra que la combinación de un contrato blindado con nuestras garantías ofrece la máxima seguridad para proteger la inversión inmobiliaria. ¿A qué estás esperando?

Imagina que en su momento adquiriste una vivienda VPO en propiedad y que por tu situación en la actualidad necesitas ponerla en alquiler. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Es legal hacerlo? ¿Qué requisitos se deben cumplir para alquilar vivienda VPO? ¡Sigue leyendo para informarte al detalle!

¿Se puede alquilar una vivienda VPO?

La duda sobre si se puede alquilar una vivienda VPO es frecuente entre los propietarios que desean rentabilizar su inmueble, pero también entre los inquilinos interesados en acceder a una renta más asequible. Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) son inmuebles sujetos a un régimen especial fijado por la Administración que establece limitaciones tanto en su uso como en su transmisión. El objetivo de las VPO es garantizar el acceso a la vivienda a colectivos con menores recursos económicos. Por ello, las normas que rigen el alquilar una vivienda VPO son más estrictas que en el mercado libre. Aunque las viviendas de VPO se pueden alquilar, este arrendamiento solo está permitido bajo ciertas condiciones específicas y siempre con la autorización previa de la administración competente. De lo contrario, el propietario se expone a sanciones y a la pérdida del régimen de protección, lo que puede tener consecuencias económicas significativas.

Alquilar vivienda VPO: requisitos y condiciones

Para que la operación sea válida, la vivienda VPO alquiler debe cumplir con varios requisitos legales. Ten en cuenta que uno de los puntos más delicados en torno a las VPO es el tiempo de protección. En muchos casos, la normativa establece un plazo mínimo durante el cual el propietario no puede vender ni arrendar la vivienda sin autorización. Este plazo suele ser de 10 años desde la adjudicación, aunque puede variar según la comunidad autónoma. Si el propietario desea arrendar la vivienda antes de que finalice dicho plazo, necesitará una justificación especial. En cualquier caso, la decisión dependerá de la administración y deberá contar con su autorización expresa. Estos son los siguientes:

• Autorización: En primer lugar, el propietario debe haber solicitado autorización expresa a la Consejería de Vivienda o al organismo competente de su comunidad autónoma. Sin este permiso, el arrendamiento se considerará irregular. Generalmente, esta autorización puede concederse en caso de cambio de residencia laboral, motivos familiares, problemas de salud o situaciones de fuerza mayor.
• Precio: Además, el precio de la renta está regulado. No se puede fijar libremente, sino que debe ajustarse a los límites marcados por la normativa, que varían según la comunidad autónoma y el tipo de vivienda. De esta manera, se asegura que el alquiler siga cumpliendo con la finalidad social de la VPO. Generalmente, el precio del alquiler estará limitado a multiplicar por 5,5% el precio máximo de venta permitido por la Comunidad Autónoma correspondiente, dividido entre 12 meses.
• Perfil del inquilino: Sólo se podrá arrendar la VPO a una persona física, no a una persona jurídica (empresa, sociedad, comunidad de bienes, etc.). El arrendatario debe cumplir los criterios de acceso a vivienda protegida, lo que implica no superar ciertos ingresos máximos y no disponer de otra vivienda en propiedad. El incumplimiento de estas condiciones puede invalidar el contrato y derivar en sanciones tanto para el arrendador como para el inquilino.

¡Importante! Debes tener en cuenta que si recibiste ayudas o subvenciones es posible que tengas que devolverlas si alquilas antes del plazo establecido.

Cómo puedo alquilar una vivienda de VPO: el contrato

El contrato de arrendamiento de una vivienda de protección oficial tiene particularidades que lo diferencian del contrato de vivienda libre. En primer lugar, debe estar redactado de acuerdo con lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero respetando las limitaciones propias de la VPO en cuanto a precio y duración. Además, es obligatorio adjuntar la autorización administrativa que permita el arrendamiento. Sin este documento, el contrato puede ser considerado nulo. También es recomendable reflejar en el contrato que se trata de una vivienda protegida y especificar que la renta pactada se encuentra dentro de los límites fijados por la administración.

Desde la perspectiva del propietario, alquilar una vivienda VPO exige ser especialmente cuidadoso con la redacción contractual. Incluir cláusulas adicionales que regulen la conservación de la vivienda, la obligación de destinarla a residencia habitual y las consecuencias del incumplimiento aporta seguridad jurídica. En este sentido, contar con un servicio especializado en alquiler seguro puede marcar la diferencia. No solo garantiza que el contrato esté correctamente blindado, sino que también ofrece respaldo económico en caso de impago.

Sanciones por el alquilar vivienda VPO ilegal

El incumplimiento de las normas relativas a alquilar una vivienda VPO puede acarrear sanciones considerables. Arrendar sin autorización administrativa, fijar un precio superior al establecido o alquilar a inquilinos que no cumplen los requisitos puede dar lugar a multas económicas. En los casos más graves, la administración puede exigir la devolución de las ayudas recibidas para la adquisición de la vivienda o incluso ordenar la descalificación forzosa del inmueble. Esto significa perder las ventajas fiscales y financieras que se obtuvieron en el momento de la compra. Por ello, cuando los propietarios se preguntan si las viviendas de VPO se pueden alquilar, la respuesta es que sí, pero siempre bajo el marco legal correspondiente. Actuar fuera de él implica riesgos elevados que pueden generar pérdidas económicas importantes. Aunque las multas varían según la comunidad autónoma, generalmente se encuentran en los siguientes rangos:

• Sanciones leves: De 150 a 1.500 euros.
• Sanciones moderadas: De 1.500 a 6.000 euros.
• Sanciones graves: De 6.000 a 60.000 euros.

En Cataluña las multas que se aplican por alquilar una VPO de forma ilegal son mucho mayores, pudiendo llegar a sanciones de hasta 90.000 euros.

Liberación de la vivienda VPO, solicitud de la extinción de la protección y el alquiler

Para que la vivienda quede libre hay que esperar a la descalificación del régimen de protección (a consultar en cada comunidad autónoma). Pasado este tiempo, el propietario podrá solicitar que se elimine dicho régimen, convirtiéndola en vivienda libre y pudiendo alquilarla sin las limitaciones de precio ni de perfil de inquilino. En SEAG recomendamos a los propietarios cumplir escrupulosamente con la normativa y, además, protegerse frente a posibles incidencias mediante un sistema de alquiler seguro. Nuestro servicio no solo cubre el cobro garantizado de las rentas, sino que también asume la defensa jurídica integral y ofrece protección frente a actos de vandalismo. Alquilar una vivienda de VPO de forma legal y segura es posible, siempre que se respeten las reglas y se cuente con la protección adecuada. En SEAG proporcionamos las herramientas necesarias para que los propietarios puedan disfrutar de la tranquilidad de un alquiler sin sobresaltos.

El alquiler inverso es una opción que permite a las persona mayores afrontar el elevado coste de su residencia y sus costes asistenciales cediendo un piso en alquiler. Lo interesante es que no se pierde la propiedad de la vivienda en ningún momento, ni es necesario hipotecarse.

El alquiler inverso va destinado a mayores de 70 a 75 años que tengan un piso en propiedad y estén pagando una residencia. El propietario cede a una empresa el alquiler de su vivienda para que gestione el inmueble.

El piso cedido puede ser cualquiera: la residencia principal del afectado, una segunda vivienda, u otra que sea propiedad de una persona próxima.

Como el coste de la residencia suele ser mayor que la renta del alquiler, la empresa periódicamente va entregando el dinero necesario para pagar la residencia (el importe de los préstamos puede llegar a ser como máximo del doble del alquiler), de manera que se va generando una deuda.

Cuando el propietario fallece, la deuda existente (con sus intereses, que suele estar entre un 5% o 6%) se va pagando con el mismo alquiler de la vivienda (garantizado por la Garantía de impago de alquiler de SEAG), hasta que la deuda queda pagada y los herederos del fallecido cancelan la deuda generada.

Por tanto, el alquiler inverso no deja de ser una forma de financiación, es decir, de conseguir un dinero que se necesita. 

Otro aspecto de interés es que si la vivienda arrendada necesita reformas para poder alquilarse en buenas condiciones, la empresa con la que se contrate el alquiler inverso puede financiar la obra.

En el contrato de alquiler inverso deben estar bien definidas las cantidades que el propietario va a recibir, el importe del alquiler, y los períodos del préstamo periódico. También, deberá constar la fecha de finalización del servicio, aunque es posible cancelarla en cualquier momento, con el abono de las cuotas pendientes. 

Además, es posible determinar una duración indeterminada del contrato, de modo que esté en vigor durante el período que sea necesario.

Finalmente, cabe destacar que el propietario disfruta de una serie de beneficios fiscales que necesitará que el contrato se formalice en una escritura pública ante notario y se inscriba en el Registro de la Propiedad, para su efectividad.

Para un alquiler seguro, contrata la Garantía SEAG.

Para un alquiler seguro, es importante entender aquellos gastos que no corresponden al arrendador / propietario de la vivienda, es decir, que le corresponden al arrendatario / inquilino.

El propietario / arrendador no es responsable de las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda, que son a cargo del arrendatario. Tampoco responde de los deterioros causados por culpa o negligencia del inquilino, o las personas con quienes convive.

Los deterioros se presume que han sido causados por el arrendatario, por ser el ocupante del inmueble, salvo que demuestre que actuó con toda la diligencia necesaria para evitar la producción del daño. Los daños producidos por los casos fortuitos o de fuerza mayor, los debe asumir el arrendador.

Evidentemente, los gastos de consumo de suministros que son contabilizados individualmente por aparatos contadores son por cuenta del inquilino (agua, gas, y electricidad).

Los gastos de la comunidad y los impuestos del inmueble (IBI) son por cuenta del arrendador, salvo que expresamente se pacte lo contrario en el contrato de arrendamiento.

En el caso de la tasa de basuras, para no dar lugar a dudas, conviene dejar claro en el contrato quién asume el pago. Teóricamente corresponde a residuos que genera el inquilino, pero en la práctica muchos de los Ayuntamientos que la cobran lo hacen incluso cuando el piso está vacío, por lo que no es propiamente un “suministro” individualizado con contadores. A falta de pacto, el criterio de los jueces no es unánime. La SAP Barcelona de 23 de noviembre del 2022 afirmó que la tasa de basuras debía pagarla el arrendador porque en el contrato de alquiler no se había pactado lo contrario.

1. Las conocidas como “pequeñas reparaciones” son por cuenta del inquilino, y se corresponde con gastos periódicos o habituales ligados al uso, generalmente de escasa entidad económica. La mayoría de los contratos no lo precisan con detalle. Por ejemplo, los cambios de bombillas, de enchufes estropeados, cerraduras atascadas, cisterna del inodoro, reparar el sifón del fregadero, cintas de persianas, grifos, colocación de unas cuerdas de tender, sellado con cemento de la bañera y grifos, fijado con silicona de cristales pequeños de puertas interiores, entre otros. 

En averías de electrodomésticos o calderas pueden surgir dudas. Si hay un defecto intrínseco de la caldera, corresponde al arrendador, pero si hay que cambiar unas válvulas por el uso, corresponden al inquilino. Eso sí, siempre que sean gastos de cuantía limitada. Un juez eximió al inquilino de una reparación cuya cuantía equivalía a la mitad de una lavadora nueva. En la práctica conviene negociarlo, siendo conveniente asumir el gasto al 50% entre arrendador y arrendatario.

En atascos, incendios, humedades e inundaciones responde el inquilino si hubo un mal uso por su parte: roturas, obstrucción de desagües, problema de desacoplamiento de la toma de agua de la lavadora que crea filtraciones, humedad por mal sellado de la bañera o por falta continuada de ventilación… El arrendador responde si hay defectos de las instalaciones. A veces se suele recurrir a peritos de las compañías de peritos para determinar si hay mal uso o no. Por ejemplo, si se observan elementos que obstruyen los desagües, responderá el inquilino; si en poco tiempo se atasca la instalación varias veces, señal de que está en mal estado. 

En caso de conflicto y pendientes de resolución judicial, los jueces suelen fijarse en la duración del alquiler, la antigüedad del bien y en qué momento se estropea. Si el inquilino lleva poco tiempo o la instalación tiene muchos años, tienden a hacer responsable al arrendador, para evitar el enriquecimiento injusto que podría suponer hacer pagar al inquilino un elemento nuevo. 

2. Las reparaciones urgentes, necesarias para evitar daños mayores o graves incomodidades, las podrá realizar el inquilino y exigir posteriormente el pago al arrendador. La única condición es que exista una comunicación previa al arrendador, y que el desperfecto no haya sido causado por el inquilino o las personas con quien conviva. Normalmente el inquilino llama urgentemente al arrendador, y este suele avisar a su compañía de seguros para que intervenga con rapidez, o a una persona de su confianza que realice la reparación urgente.

SEAG es tu mejor aliado para garantizar tu alquiler seguro. Como propietario, te mantenemos actualizado y resolvemos tus dudas relacionadas al arrendamiento de tu vivienda. Somos la mejor alternativa de un seguro de alquiler.

Recibes un acta de la junta de propietarios con una derrama aprobada y la pregunta aparece casi al instante: si tu inquilino es quien disfruta del piso, ¿no debería asumir al menos una parte de ese gasto? Es una duda más común de lo que parece, y la respuesta no es tan simple como un sí o un no rotundo.

Para entender si es legal que tu inquilino pague una derrama, conviene repasar qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos, qué excepciones existen y cómo puedes anticiparte a esta situación desde el contrato. En esta guía vas a encontrar un enfoque práctico, con los casos reales que más se repiten y las claves para no cometer errores que acaben en conflicto.

1. Qué es una derrama y por qué se aprueba

Una derrama es una cuota extraordinaria que la comunidad de propietarios aprueba para cubrir un gasto que no estaba previsto en el presupuesto ordinario. A diferencia de los gastos de comunidad habituales, la derrama responde a una necesidad puntual que requiere una aportación económica adicional por parte de cada propietario.

Las derramas se aprueban en junta de propietarios y su cuantía varía en función de la urgencia y la envergadura de la intervención. Algunos motivos frecuentes son los siguientes.

Inspección técnica del edificio (ITE) obligatoria.

Reparación de humedades en elementos comunes.

Renovación de bajantes o acometida eléctrica.

Pintura de fachada o zonas comunes.

Reparación o sustitución de ascensores.

Obras de accesibilidad o eficiencia energética.

No todas las derramas tienen el mismo importe ni la misma naturaleza. Algunas son reparaciones imprescindibles y otras son mejoras que pueden generar debate entre los propietarios.

2. Qué dice la LAU sobre quién paga las derramas

La Ley de Arrendamientos Urbanos es clara en este punto: los gastos extraordinarios de conservación y mantenimiento del edificio corresponden al propietario, no al inquilino. El artículo 21 de la LAU establece que el arrendador tiene la obligación de mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, lo que incluye los elementos comunes del edificio.

Esto significa que, con carácter general, las derramas aprobadas por la comunidad de propietarios las asume íntegramente el propietario.

El propietario es quien tiene la obligación legal de conservar la vivienda.

El inquilino paga la renta y los gastos ordinarios acordados en el contrato.

Las derramas son gastos extraordinarios que no forman parte de la renta.

Si quieres profundizar en las obligaciones económicas que tiene cada parte, te recomendamos consultar las ventajas de alquilar y convertirte en arrendador, donde se detallan los derechos y responsabilidades del propietario.

3. Excepciones: cuándo podría el inquilino asumir parte del coste

Aunque la norma general es que la derrama la paga el propietario, existen situaciones en las que el inquilino podría asumir parte del gasto. Esto depende siempre de lo que se haya pactado en el contrato de arrendamiento.

Cláusula expresa en el contrato. Si en el contrato se ha incluido una cláusula que atribuye al inquilino el pago de determinadas derramas o mejoras, este podría estar obligado a contribuir. Esta cláusula debe ser clara, concreta y aceptada por ambas partes.

Obras que benefician directamente al inquilino. Si la derrama financia una mejora que incrementa la calidad de vida del inquilino de forma directa, como la instalación de un ascensor o la mejora de la calefacción central, podría negociarse una contribución parcial.

Acuerdo voluntario. Propietario e inquilino pueden llegar a un acuerdo puntual para repartir el coste, aunque no exista obligación legal.

En cualquier caso, lo recomendable es que cualquier pacto de este tipo quede por escrito y forme parte del contrato o de un anexo firmado por ambas partes.

4. Qué ocurre si la derrama se aprueba antes de firmar el contrato

Este es un caso que se repite con frecuencia y genera bastante confusión. Si la derrama ya estaba aprobada antes de la firma del contrato de alquiler, el propietario debería haberla tenido en cuenta al fijar las condiciones del arrendamiento.

Si la derrama ya estaba aprobada y el propietario no informó al inquilino, la responsabilidad recae por completo en el propietario.

Si se refleja en el contrato que existen derramas pendientes y se acuerda un reparto, ese pacto prevalece.

Si se descubre después de firmar, el inquilino no tiene obligación de asumirla salvo que haya firmado una cláusula específica.

La transparencia en este punto evita conflictos posteriores. Antes de firmar, conviene informar al inquilino de cualquier gasto extraordinario aprobado o previsto.

5. Cómo reflejar las derramas en el contrato de alquiler

La mejor forma de evitar problemas es anticiparse. Incluir una cláusula sobre gastos extraordinarios en el contrato de alquiler protege a ambas partes y deja claras las reglas del juego desde el principio.

Especifica quién asume las derramas aprobadas durante la vigencia del contrato.

Diferencia entre derramas de conservación y derramas de mejora.

Indica si existe alguna derrama ya aprobada en el momento de la firma.

Incluye un procedimiento para comunicar al inquilino cualquier derrama nueva.

No se trata de trasladar todos los gastos al inquilino, sino de dejar constancia por escrito de cómo se gestionarán estas situaciones. Una cláusula bien redactada reduce la probabilidad de malentendidos y facilita la resolución si surge algún desacuerdo.

6. Derramas de conservación frente a derramas de mejora

No todas las derramas tienen la misma naturaleza, y esta distinción es relevante a la hora de decidir quién debe pagarlas.

Derramas de conservación. Son las que se destinan a mantener el edificio en condiciones adecuadas: reparar bajantes, arreglar humedades, sustituir tuberías en mal estado. Estas corresponden siempre al propietario, porque forman parte de su obligación de conservar la vivienda.

Derramas de mejora. Son las que se destinan a mejorar el edificio más allá de lo estrictamente necesario: instalación de un ascensor nuevo, reforma de zonas comunes por estética, mejoras de eficiencia energética. Aquí es donde puede existir margen para negociar, ya que el inquilino también se beneficia de estas mejoras durante la vigencia del contrato.

Si quieres conocer qué ocurre cuando el inquilino incumple con los pagos acordados, puedes consultar nuestro artículo sobre qué hacer si tu inquilino no paga el alquiler.

7. Qué hacer si surge una derrama durante el alquiler

Cuando se aprueba una derrama con el contrato ya en vigor, conviene actuar con método para evitar tensiones innecesarias con el inquilino.

Revisa el contrato para comprobar si existe alguna cláusula sobre gastos extraordinarios.

Comunica al inquilino la derrama aprobada, la cuantía y el plazo de pago.

Si no hay cláusula, asume el pago como propietario y no lo repercutas al inquilino.

Si consideras que la mejora beneficia directamente al inquilino, propón una negociación razonada.

Documenta todo por escrito, especialmente si llegáis a un acuerdo puntual.

La clave está en mantener una comunicación clara y evitar decisiones unilaterales que puedan derivar en un conflicto contractual. Si el inquilino percibe que se le cargan gastos que no le corresponden, la relación puede deteriorarse rápidamente.

8. Errores frecuentes al gestionar derramas con un inquilino

Algunos propietarios cometen errores por desconocimiento que pueden complicar la relación con el inquilino o incluso generar problemas legales.

Repercutir la derrama al inquilino sin base contractual.

No informar de derramas aprobadas antes de la firma del contrato.

Incluir cláusulas abusivas que trasladen todos los gastos extraordinarios al inquilino.

Confundir gastos de comunidad ordinarios con derramas extraordinarias.

No conservar justificantes de pago ni actas de la junta.

Evitar estos errores es cuestión de información y de buena gestión documental. Un propietario que documenta y comunica no suele tener problemas con las derramas.

Para entender mejor qué situaciones pueden complicar un alquiler y cómo gestionarlas, te puede interesar nuestro artículo sobre qué hacer si tu inquilino no se quiere ir al finalizar el contrato.

Checklist rápida sobre derramas en viviendas alquiladas

La derrama la paga el propietario salvo pacto expreso en el contrato.

Revisa siempre la LAU antes de repercutir un gasto extraordinario al inquilino.

Diferencia entre derramas de conservación y de mejora.

Incluye una cláusula sobre gastos extraordinarios en el contrato desde el inicio.

Informa de cualquier derrama aprobada antes de firmar.

Documenta cualquier acuerdo por escrito.

No traslades automáticamente la derrama al recibo del inquilino.

Cómo proteger tu alquiler ante imprevistos como las derramas

Las derramas son uno de los muchos imprevistos que pueden afectar la rentabilidad de una vivienda en alquiler. Pero no son el único riesgo. Un impago prolongado o un conflicto legal con el inquilino pueden tener un impacto mucho mayor que cualquier gasto de comunidad.

Contar con una garantía de alquiler te permite cobrar la renta cada mes con independencia de lo que ocurra, además de disponer de defensa jurídica completa ante cualquier incidencia. Si quieres conocer en detalle qué cubre y cómo funciona, puedes consultar las prestaciones de la garantía de alquiler de SEAG.

Si estás alquilando o piensas hacerlo, contacta con SEAG para informarte sobre cómo proteger tu alquiler desde el primer día y evitar que los imprevistos se conviertan en un problema.

La suspensión de los desahucios en la actualidad es algo que genera tensión y desconfianza entre los propietarios de los inmuebles. Estas empezaron en la pandemia —momento en el cual tuvo lugar las primeras suspensiones a causa de la terrible situación vivida y de las necesidades de los inquilinos vulnerables—. Sin embargo, la preocupación se ha extendido con la última prórroga hasta el 2024 y la sospecha de que pueda haber más, afectaría negativamente a la falta de vivienda, ya que, muchos propietarios de inmuebles se plantean alquilar u optan por retirar sus inmuebles del mercado. Ahora bien, es importante destacar que existen compensaciones para los arrendadores por parte del Gobierno, en concreto a cargo del Plan Estatal de Vivienda.

En este artículo hacemos un repaso de la situación de la suspensión de los desahucios hasta la fecha y de cara al futuro, y te hablamos de cuál es la compensación al arrendador. ¡Sigue leyendo para informarte!

Suspensión desahucios: contexto desde la pandemia

Con el objetivo de que nadie quedara fuera, el Gobierno reguló determinadas protecciones a aquellos colectivos que por su vulnerabilidad pudieran ser objeto de desahucio, suspendiendo todos aquellos lanzamientos que estaban en marcha durante la pandemia (Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo). Posteriormente, hubo una primera prórroga de tres meses y otras ampliaciones más adelante, como la del 31 de diciembre de 2023. Ahora bien, la última actualización la vemos con la prórroga de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2024 (un año más) para los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esta extensión de la prórroga tiene como fin atender la situación social y económica de los hogares vulnerables desde el COVID-19, ayudar a mitigar la dinámica inflacionista y responder ante el escenario internacional por la extensión temporal de la Guerra de Ucrania y sus repercusiones en la economía de las familias —sobre todo, por la subida de los pecios—.

Suspensión desahucios 2028: ¿A quiénes afectan?

Actualmente, se está hablando de una prórroga de las suspensiones de los desahucios que está generando grandes confusiones, la del 2028. Lo primero que hay que dejar claro es que esta medida afecta únicamente a los desahucios hipotecarios. Es decir, a las personas que por su situación vulnerable no pueden hacer frente a las hipotecas, en la mayoría de los casos afectados por la subida en las hipotecas variables. Esta medida aprobada por el Consejo de ministros tiene como fin ampliar la suspensión de desahucios hasta el 15 de mayo de 2028, reforzando la protección de los deudores hipotecarios.

¿Se prorroga también la solicitud de la compensación para los arrendadores afectados?

Con la última ampliación de la suspensión de desahucios 2024, el ejecutivo también ha ampliado el plazo de la solicitud de la compensación para el arrendador o propietario afectado, tal y como se refleja en el Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Los arrendadores, por lo tanto, pueden presentar la nueva solicitud de compensación prevista en este mismo RDL hasta el 31 de enero de 2025 (un mes después de la vigencia del estado de alarma-prórroga). En concreto, el texto dice lo siguiente:

• Disposición adicional segunda 1: Los arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, tendrán derecho a solicitar una compensación en los términos previstos en los apartados siguientes cuando la administración competente, en los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas.

Esta compensación se obtiene del fondo del Plan Estatal de Vivienda y equivale al valor medio de un alquiler de vivienda en el entorno en el que se encuentre el inmueble, y se determina a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas, más los gastos corrientes de la vivienda que el arrendador acredite haber asumido.

¿Cómo solicitar la compensación con la ampliación de la suspensión de los desahucios?

La solicitud debe presentarse ante cada comunidad autónoma, la cual tiene habilitados puntos presenciales y telemáticos para proceder con el trámite online. En el caso de Madrid, por ejemplo, para solicitar la compensación se debe acudir a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, aportando la siguiente información:

• DNI / NIF / NIE del interesado o representante.
• Solicitud firmada.
• Contrato de arrendamiento u otro documento válido en el tráfico jurídico-mercantil que acredite fehacientemente la renta pactada (por ejemplo, comunicación de modificaciones de la renta, junto con copias de ingresos de esas cantidades antes del impago).
• Exposición razonada y justificada de la compensación que se solicita.
• Las facturas de los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador o propietario.
• Auto judicial de suspensión del desahucio o lanzamiento.
• Auto judicial de levantamiento de la suspensión del desahucio o lanzamiento.
• Cuenta bancaria designada para el abono de la compensación.

En el resto de las comunidades autónomas, la solicitud debe presentarse también ante el departamento autonómico encargado de vivienda, con similares requisitos y documentación a aportar. Además, cada organismo proporciona un modelo de solicitud estándar para poder proceder con el trámite. Ahora bien, es importante destacar que, en el caso de la suspensión de los lanzamientos de viviendas ocupadas, únicamente puede pedirse la compensación por perjuicio económico ocasionado cuando antes de la entrada en la vivienda, esta se encontrase en venta o arrendamiento.

Sea como sea, te recordamos que si te preocupa alquilar tu vivienda contactes con SEAG. Te proporcionamos la seguridad adicional que necesitas mediante nuestro alquiler garantizado frente a los impagos. Es decir, si tu inquilino deja de pagar, seguirás cobrando hasta que recuperes tu vivienda. Además, incluye un servicio de protección jurídica integral con el cual nos encargamos de realizar la reclamación del impago. ¡Contacta con nosotros para más información!

En España podemos encontrar varios tipos de contratos de alquiler para una vivienda y la elección entre uno y otro depende, por supuesto, del fin para el cual queramos destinarlo y del perfil del individuo. El contrato de alquiler, sea del tipo que sea, es un documento firmado entre el arrendador del inmueble y el arrendatario, y cada modalidad de contrato tipo alquiler está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aunque también los hay que están regulados por otras normativas (dependiendo de la naturaleza del mismo). Cada contrato de alquiler, además, debe incluir los datos personales de ambas partes, así como la información del inmueble, la duración del contrato (incluidas sus prórrogas y plazos pertinentes), las responsabilidades de cada parte, el procedimiento de resolución de contrato y, por supuesto, las condiciones de uso de la vivienda y su fin (o tipo de contrato de alquiler).

A continuación, te explicamos cuáles son y qué debes tener en cuenta antes de optar por una modalidad u otra para poder alquilar de manera segura y con la tranquilidad de cobrar mes a mes. ¡Sigue leyendo!

Los diferentes tipos de contratos de alquiler

Elegir adecuadamente un tipo de contrato de alquiler para una situación y características particulares es crucial para evitar sorpresas desagradables y posibles conflictos en el futuro. Como propietario de un inmueble es fundamental que comprendas cuáles son, así como la legislación que los regula.

Contrato de alquiler de vivienda habitual

Al hablar de tipos, contrato, alquiler y vivienda habitual es importante destacar que esta es una de las modalidades más utilizadas, y también una de las que más beneficios fiscales ofrece al propietario del inmueble. Este contrato regulado por la ley LAU tiene, en la actualidad, una duración mínima de 5 años para personas físicas y de 7 para personas jurídicas, con sus correspondientes prórrogas legales. Puedes conocer más sobre él en este artículo.

Contrato de alquiler temporal

Actualmente este es el tipo de contrato más popular en España. Su principal característica es la duración, ya que no obliga al propietario a arrendar la vivienda durante tanto tiempo como el de vivienda habitual, generalmente inferior a un año. Es la modalidad de contrato destinada a estudiantes o a trabajadores que pasan una temporada en un lugar específico, pero sin necesidad de tener que empadronarse en el lugar como la primera vivienda. En definitiva, se trata de un contrato tipo alquiler habitación que sirve como un domicilio provisional. En él debe indicarse la finalidad en cada caso y la duración, entre otras (está regulado por la LAU).

Contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda

Es un contrato especial para fines no destinados a la vivienda, para realizar actividades profesionales, comerciales, de negocios en locales, oficinas…. El contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, tal como se describe en el Artículo 3, apartado 2, del Título 1: “En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren.”.

Contrato alquiler vacacional o turístico

Entre los tipos de contratos de alquiler este cumple con unas características muy distintivas ya que está más cercano al fin hostelero y no es regulado por la LAU. Por lo general, las normativas las fija cada comunidad autónoma o ayuntamiento. En este tipo de contrato se incluyen las cláusulas relativas a la duración del alquiler y del pago, así como también las del servicio de limpieza, el número de huéspedes, las normas, el ruido y el comportamiento en general. Y es que, como su nombre indica, está destinado al uso vacacional, ocio o turismo.

Contrato alquiler social

Se trata de contratos realizados por el propio Estado y destinados a personas que pertenecen a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión. Los mismos tienen una duración máxima de dos años, aunque se pueden prorrogar si el inquilino sigue cumpliendo con los requisitos que demuestren su situación especial.

Contrato de alquiler VPO

Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no pueden alquilarse, al menos que se hayan cumplido 10 años desde su adquisición o hayan sido descalificadas como tal, en cuyo caso quedan libres. En cualquier caso, el precio ya está establecido por ley en el alquiler VPO en función de la superficie útil y no construida y el contrato debe estar visado por el órgano administrativo que haya otorgado la vivienda protegida.

Contrato de renta antigua

Es un tipo de contrato obsoleto que se realizaba antiguamente y, aunque ya no se llevan a cabo, aún quedan vigentes algunos de ellos. Estos se realizaron entre 1950 y 1985 y ofrecían condiciones muy ventajosas a los inquilinos, como la posibilidad de ocupar la vivienda de por vida y la opción de transmitir el derecho de alquiler a cónyuges e hijos. Los mismos se desarrollaron con el fin de ofrecer un alquiler estable y barato, permitiendo que las sucesivas generaciones pudieran heredarlo. Ahora bien, desde 1985 —momento en el cual se implementó el Decreto Boyer— se puso fin a la creación de este tipo de contratos bajo el mismo régimen. Los contratos de renta antigua que perduran a día de hoy están sujetos a condiciones específicas y, en algunos casos, pueden permitir al arrendador rescindir del mismo bajo algunas circunstancias.

Contrato de alquiler con opción a compra

Algunos de los contratos mencionados, como el contrato tipo de alquiler de vivienda habitual o el temporal, pueden ofrecer la opción a compra, si así se ha pactado previamente entre el arrendador y el arrendatario. En ellos se estipula un plazo para el arrendamiento de la vivienda y otro para poder proceder con la compraventa. En este artículo te explicamos qué es el alquiler con opción a compra y sus características al detalle.

¿Cómo puedo alquilar mi vivienda de manera segura?

¿Ya tienes claro qué tipo de contrato de alquiler vas a realizar? Entonces es hora de dar el paso definitivo y alquilar tu vivienda para fin decidido. Y para que lo hagas de manera segura y con la tranquilidad de cobrar mes a mes en SEAG te ofrecemos un servicio de alquiler garantizado gracias al cual podrás cobrar tu cuota mensual sin problemas en caso de impago. Este está disponible tanto para alquileres destinados a vivienda habitual, así como para alquileres temporales de habitaciones, y hasta la recuperación de los mismos. Además, todos ellos incluyen un servicio de defensa jurídica de la mano de nuestro equipo de abogados que se encargará de llevar a cabo cualquier reclamación por impago de alquiler, asesorándote en todo momento y asumiendo todos los gastos de procurador, notificaciones, poderes notariales y tasas judiciales. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas presupuesto? Contacta con nuestro equipo y disfruta de alquilar tu vivienda con total tranquilidad.

Uno de los mayores miedos que enfrentan los propietarios de una vivienda en alquiler es el de la inquiokupación, además del correspondiente impago del alquiler que tiene lugar antes de esta y del cual ya hemos hablado en numerosas ocasiones en SEAG. La inquiokupación es un término que hace referencia a la ocupación de la vivienda por parte del inquilino, ahora bien, debe diferenciarse de la ocupación ilegal expresada en el artículo 245 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, puesto que no es lo mismo. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre inquiokupación, cómo tiene lugar y qué hacer si el inquilino no se va de la casa. ¡Sigue leyendo!

¿En qué consiste la inquiokupación?

La inquiokupación es un término que, lamentablemente, se ha vuelto popular en los últimos años y que se utiliza para referirse a la ocupación de una vivienda por parte de los inquilinos. Esto ocurre cuando el inquilino deja de pagar la renta y posteriormente decide no abandonar el inmueble. Ahora bien, como indicábamos en la introducción, debe diferenciarse de la ocupación ilegal y del allanamiento de morada, tal como es definida en el artículo 245 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que dice lo siguiente respecto a los okupas: “con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena” u “ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”. Cuando el arrendatario pasa de inquilino a okupa no existe ni violencia ni intimidación, además el inmueble suele ser considerado su vivienda habitual. Es por esta razón que es lo mismo.

¿Y en qué influye todo esto? En primer lugar, en que no se considera una figura delictiva puesto que no se ha ingresado en la vivienda de manera violenta, forzando la cerradura o sin autorización del propietario. Por el contrario, existe un contrato de alquiler firmado por ambas partes, lo que implica un proceso judicial diferente.

En qué casos se suele dar la inquiokupación o inquilino okupa

Son varios los casos en los que puede tener lugar la inquiokupación, ahora bien, lo más habitual es que se presente de una de estas dos formas:

• El inquilino alega estar en situación de vulnerabilidad: Generalmente el proceso de una inquiokupación suele comenzar con el impago del alquiler, sumado a la reclamación del mismo y tramitación por vía legal del desahucio. En el momento en el que el inquilino pide la suspensión del desahucio por declararse en estado de vulnerabilidad social y/o económica pasa a ser inquiokupa, y esto retrasa el lanzamiento de la vivienda. Si quieres saber más sobre la situación del inquilino vulnerable y cómo prevenirla puedes informarte en este artículo.
• El inquilino simplemente deja de pagar: El inquilino firma el contrato de alquiler, paga la fianza y al poco tiempo (generalmente, en dos o tres meses) deja pagar. Sabe de antemano que va a dejar de pagar para convertirse en inquiokupa. Al igual que en el caso anterior, pueden pasar varios meses hasta has que el propietario pone la denuncia y toma acciones legales. Lo que le supone una enorme pérdida de tiempo y dinero.

Una duda muy habitual con respecto a la cuestión que analizamos en este apartado es la de si en un alquiler vacacional el inquilino no se va. En este caso debes saber que los alquileres turísticos y vacacionales se rigen por otra normativa, puesto que no se trata de alquileres destinados a ser una vivienda (ni temporal ni habitual). En estos casos, la policía debe desalojar el pisco ocupado en 24 horas. Es lo mismo que ocurriría, por ejemplo, en una habitación de hotel. Ahora bien, el problema puede aparecer en el supuesto de que no hayas legalizado la situación de tu inmueble y alguien se cuele en su interior. En este caso, al ser considerado un domicilio particular, la situación se complica.

¿Qué hacer si un inquilino no se va?

Lamentablemente la problemática de la inquiokupación es algo que está ahí y que no se puede negar, de hecho, lo más importante es tenerla siempre presente para poder evitarla a tiempo y la mejor forma de prevenirla es realizando un estudio de vulnerabilidad de los inquilinos. Con él podrás saber si serán capaces de asumir la cuota del alquiler, si tienen deudas pendientes o si han entrado en el fichero de inquilinos morosos. Pero no solo eso, también es fundamental prevenir los impagos —que es lo primero a lo que te enfrentarás en caso de toparte con un arrendatario que pasa de inquilino a okupa. En Sociedad Española de Alquiler Garantizado SEAG podemos ayudarte en esto. Nos encargamos de realizar el estudio de solvencia de tus inquilinos y te ofrecemos un servicio de alquiler garantizado para que, en caso de impago, sigas cobrando tu cuota mes a mes hasta recuperar la vivienda. SEAG te cubre la renta de tu vivienda hasta recuperarla. Además, nos encargamos de la reclamación del impago de alquiler y nos responsabilizamos de todos los trámites y costes derivados del mismo.

Por eso, si cuentas con nuestro servicio y te encuentras en la situación de que mi inquilino no se va, ¿qué debo hacer? No tendrás que preocuparte, ya que podrás seguir cobrando tus cuotas cómodamente hasta recuperar la vivienda. Por supuesto, independientemente de que cuentes con nuestro servicio o no, habrá que tramitar el desahucio por vía legal y esperar hasta su lanzamiento final. Ten en cuenta que este puede retrasarse durante meses dependiendo de la situación específica de cada quien.

Lamentablemente, el incumplimiento en el pago del alquiler por parte de los arrendatarios viene siendo un hecho común. Cada mes se producen miles de incumplimientos contractuales en las viviendas arrendadas, es un riesgo que asume el propietario que alquila su propiedad. El impago de alquiler es una realidad. 

A pesar de este riesgo al que se enfrenta el propietario que alquila una propiedad, se puede tener un alquiler seguro gracias al seguro de alquiler y empresas que la garantizan. Garantizando el cobro del alquiler, los propietarios tienen seguro el cobro de las rentas, recibiendo el pago mes a mes, y recuperando la vivienda en caso de impago.

Para poder recuperar la vivienda, se deberá proceder al desahucio del inquilino. Este desahucio por impago de alquiler, consiste en un procedimiento judicial al que un arrendador debe recurrir para que un juez resuelva el contrato de arrendamiento y devuelva la posesión del inmueble al propietario.

Antes de entrar a un proceso judicial, se recomienda llegar a un acuerdo con el inquilino. En SEAG, tenemos un equipo profesional de mediación, que se encarga de solventar la situación de impago del inquilino. Si no se logra llegar al acuerdo y no se regulariza el pago, se acude a los Tribunales. 

Te recomendamos leer: “La importancia de la mediación profesional por impago de alquiler.”

Este proceso se inicia con la reclamación de la deuda y la posterior resolución judicial del contrato de arrendamiento, y finaliza con la recuperación de la vivienda libre y puesta a disposición del propietario.

El procedimiento judicial por desahucio por impago de alquiler tiene dos fases judiciales, es decir, abarca un proceso declarativo y otro ejecutivo. 

En el proceso declarativo el juzgado es quien debe decretar que existe una deuda impagada, y que de persistir el impago tras el requerimiento judicial de pago, procede acordar el desahucio por impago de rentas. 

Una vez resuelto -judicialmente- el contrato de arrendamiento, debe ejecutarse la resolución judicial (Decreto o Sentencia).

Si el arrendatario (inquilino) no ha devuelto la posesión al propietario de forma voluntaria, esta debe realizarse (ejecutarse) forzosamente por parte del Juzgado. El Juzgado ordena la salida de la vivienda al inquilino. Si persiste en la ocupación de la vivienda, el juzgado ordena el lanzamiento judicial, valiéndose incluso de la fuerza pública.

En cuanto a los requisitos procesales, es importante saber que – necesariamente – debe estar firmada por un abogado y un procurador de los Tribunales, además de ser presentada en el partido judicial correspondiente a la ciudad donde se encuentra el inmueble arrendado.

Para garantizar tu alquiler seguro, es importante que contrates una empresa como SEAG, que además de cubrir las rentas impagadas hasta que recuperes las llaves del inmueble, tenga capacidad para gestionar profesionalmente todo el proceso judicial. 

Mejor que un seguro de alquiler, SEAG garantiza tu alquiler de manera indefinida, es decir, podrás cobrar mes a mes tu renta hasta recuperar tu vivienda. Contamos con un equipo de abogados especializados, y de un equipo de mediación profesional capacitado para gestionar la reclamación por impago.