Cuando un propietario se plantea alquilar su vivienda, una de sus principales preocupaciones es qué ocurrirá si el inquilino deja de pagar. En ese momento, no solo entra en juego la pérdida de rentas, también aparecen dudas sobre la recuperación del inmueble, los plazos, los costes jurídicos y el impacto que todo ello puede tener en la rentabilidad de la operación. Por eso, entender qué prestaciones debe incluir una garantía de alquiler por impago es clave para tomar una decisión realmente útil y no limitarse a contratar una cobertura que se quede corta cuando surja un problema.

Una garantía de alquiler por impago eficaz debe ir más allá del simple abono de unas mensualidades. Para un arrendador particular, lo importante no es solo cobrar si se produce un incumplimiento, sino contar con un sistema que ayude a prevenirlo, gestionarlo con rapidez y reducir la exposición jurídica y económica desde el inicio del contrato. En ese enfoque integral es donde se aprecia la diferencia entre una protección básica y una solución pensada para alquilar con mayor seguridad.

Qué debe cubrir una garantía de alquiler por impago

Si el objetivo es proteger de verdad al propietario, la garantía debe contemplar prestaciones que actúen antes, durante y después de una posible incidencia. No basta con hablar de impago en abstracto. Lo relevante es analizar qué necesidades reales tiene el arrendador cuando firma un contrato de alquiler y qué herramientas le ayudan a evitar conflictos, defender sus derechos y mantener la estabilidad de sus ingresos.

Estudio de solvencia del inquilino

La primera prestación que debería incluir cualquier garantía sólida es el análisis previo del perfil económico del inquilino. Este punto es esencial porque la mejor forma de reducir el riesgo de impago es filtrar correctamente antes de firmar el contrato. Una protección verdaderamente útil no empieza cuando el problema ya se ha producido, sino en la fase de selección del arrendatario. En ese sentido, entender cómo hacer un estudio de solvencia del inquilino permite al propietario valorar ingresos, estabilidad laboral y capacidad de pago con un criterio más profesional.

Cuando una garantía integra este análisis previo, el arrendador no solo gana información, también reduce la probabilidad de contratar con perfiles de riesgo. Desde una perspectiva práctica, esta es una de las prestaciones más importantes porque actúa de forma preventiva y mejora la calidad de toda la operación de alquiler.

Cobro garantizado de las rentas impagadas

La segunda prestación imprescindible es la garantía de cobro de las rentas. Para muchos propietarios, esta es la cobertura que más pesa a la hora de contratar, y con razón. Si el inquilino deja de pagar, el arrendador necesita mantener un flujo económico estable mientras se resuelve la incidencia. En la práctica, una garantía útil debe responder ante el impago y ofrecer certidumbre al propietario durante el tiempo necesario para recuperar la normalidad.

Ahora bien, no conviene valorar esta cobertura de forma aislada. El propietario debe fijarse en cómo se activa, qué requisitos exige y si está integrada en un servicio más amplio. Una garantía de alquiler por impago realmente eficaz no se limita a compensar económicamente, sino que se coordina con la gestión jurídica y contractual del problema para que el cobro no quede desconectado del resto de actuaciones.

Defensa jurídica especializada

Otra prestación clave es la defensa jurídica. Cuando surge un impago, el propietario necesita respaldo legal especializado en arrendamientos, no solo una respuesta administrativa. La gestión del conflicto puede exigir requerimientos formales, reclamaciones de cantidad, asesoramiento sobre plazos y, en determinados casos, procedimientos judiciales para recuperar la vivienda o reclamar deudas.

Por eso, una buena garantía debe incluir asesoramiento jurídico especializado y acompañamiento durante la incidencia. Este punto marca una diferencia relevante porque el arrendador particular, por lo general, no dispone de conocimientos técnicos suficientes para actuar solo y necesita una estructura que le guíe con claridad. SEAG destaca precisamente por presentar su servicio como una protección económica y jurídica integral, con equipo jurídico propio y cobertura orientada a la recuperación de rentas y a la defensa del propietario.

Prestaciones adicionales que aportan verdadero valor

Además de las coberturas básicas, existen prestaciones complementarias que elevan el nivel de protección y ayudan a resolver escenarios habituales en el alquiler de vivienda. Son especialmente relevantes para propietarios que quieren minimizar riesgos y evitar que un problema puntual se convierta en una pérdida prolongada.

Reclamación de deudas y recuperación de la vivienda

Una garantía de alquiler por impago debe contemplar la posibilidad de reclamar cantidades pendientes y facilitar la recuperación del inmueble cuando sea necesario. No todos los conflictos terminan con el simple pago de la renta atrasada. En ocasiones, el propietario se enfrenta también a un inquilino que permanece en la vivienda cuando el contrato ha finalizado o cuando ya existe una causa clara de resolución. Saber qué hacer si el inquilino no se quiere ir al finalizar el contrato ayuda a entender por qué esta cobertura debe estar prevista dentro de una protección seria y no tratarse como un problema accesorio.

La utilidad real de esta prestación está en que conecta la protección económica con la solución posesoria y jurídica. Es decir, no solo se trata de cobrar, sino también de recuperar el control sobre la vivienda en un plazo razonable y con respaldo profesional.

Cobertura ante daños y conflictos derivados del uso del inmueble

Otra prestación valiosa es la cobertura frente a determinados daños asociados al incumplimiento, como los actos vandálicos, así como la gestión jurídica de conflictos relacionados con el uso de la vivienda. En algunos supuestos, el problema no es solo el impago, sino un uso indebido del inmueble, la ocupación por terceros o situaciones que complican la relación arrendaticia. Incluso cuestiones aparentemente menores pueden acabar generando un conflicto importante, como ocurre cuando el arrendatario incorpora a otra persona a la vivienda sin una gestión clara del contrato. Por eso resulta útil conocer si un inquilino puede meter a vivir a otra persona en un piso alquilado, ya que este tipo de situaciones muestra hasta qué punto la prevención contractual y jurídica es parte de la protección.

SEAG indica en sus materiales que su cobertura puede incluir defensa legal, garantía de cobro y protección frente a daños por vandalismo, además de prestaciones fuera del alcance habitual de muchas pólizas tradicionales. Esa amplitud es relevante para el propietario que busca más control y menos improvisación en la gestión del alquiler.

Cómo debe valorar el propietario una garantía antes de contratarla

Antes de contratar una garantía de alquiler por impago, el arrendador debería revisar cuatro aspectos prácticos. Primero, si existe análisis de solvencia previo del inquilino. Segundo, si el cobro de rentas se integra en una cobertura realmente operativa. Tercero, si hay defensa jurídica especializada en arrendamientos. Y cuarto, si la protección cubre incidencias relacionadas con la recuperación de la vivienda, la reclamación de deudas y otros conflictos derivados del contrato.

En ese análisis, SEAG plantea un modelo que se presenta como alternativa más amplia que un seguro de impago tradicional, con enfoque preventivo, cobertura económica y asistencia jurídica integral. Para un propietario particular, esa diferencia es importante porque la rentabilidad del alquiler no depende solo de cobrar una mensualidad impagada, sino de contar con una estructura que reduzca riesgos desde la selección del inquilino hasta la resolución de cualquier incidencia relevante.

El impago de la renta es una de las preocupaciones más habituales entre los propietarios que alquilan una vivienda. Aunque muchos arrendamientos se desarrollan con normalidad, existen situaciones en las que empiezan a aparecer pequeñas señales que pueden anticipar problemas con el pago de la renta.

Detectar a tiempo las señales de impago de alquiler puede marcar una gran diferencia para el propietario. En muchos casos, los problemas de pago no aparecen de forma repentina, sino que se manifiestan a través de cambios en el comportamiento del inquilino o retrasos puntuales que se repiten con el tiempo.

Comprender estas señales tempranas permite actuar con mayor rapidez, mantener una comunicación clara con el inquilino y evitar que la situación se agrave. Además, una buena prevención ayuda a proteger los ingresos del propietario y a gestionar el alquiler con mayor tranquilidad.

En este artículo analizamos cuáles son las señales más habituales que pueden indicar riesgo de impago, cómo interpretarlas y qué medidas preventivas conviene aplicar.

Por qué es importante detectar las señales de impago de alquiler

Muchos propietarios no prestan demasiada atención a los primeros indicios de retrasos en el pago. Sin embargo, cuando estos comportamientos se repiten, pueden convertirse en el inicio de un problema mayor.

Detectar a tiempo las señales de impago de alquiler permite anticiparse y tomar decisiones antes de que la deuda aumente. Esto puede facilitar soluciones amistosas o medidas preventivas antes de que la situación requiera acciones legales.

Además, identificar estos indicios ayuda al propietario a mantener un control más claro sobre el estado del contrato de alquiler y sobre el comportamiento del arrendatario.

El impago de la renta no siempre es inmediato. En muchos casos comienza con pequeños retrasos, excusas puntuales o cambios en la comunicación entre propietario e inquilino.

Retrasos frecuentes en el pago de la renta

Uno de los primeros indicios que conviene vigilar es el retraso reiterado en el pago del alquiler. Un retraso puntual puede tener una explicación razonable, pero cuando empieza a repetirse mes tras mes puede convertirse en una señal de alerta.

Algunas situaciones que conviene observar son:

• Pagos realizados varios días después de la fecha acordada.
• Transferencias que se retrasan de forma habitual.
• Pagos incompletos con la promesa de abonar el resto más adelante.
• Solicitudes constantes de ampliación del plazo de pago.

Cuando estos comportamientos empiezan a repetirse, es recomendable hablar con el inquilino para aclarar la situación y evitar que el retraso se convierta en un impago prolongado.

Cambios en la comunicación con el propietario

Otra señal que puede indicar dificultades económicas es un cambio en la forma de comunicarse del inquilino. Cuando una persona tiene problemas para pagar el alquiler, a veces evita el contacto con el propietario.

Esto puede manifestarse de distintas formas:

• Retrasos en responder mensajes o llamadas.
• Respuestas ambiguas sobre el pago del alquiler.
• Dificultad para concretar fechas de pago.
• Promesas que no se cumplen.

Este tipo de comportamientos no siempre indican un problema grave, pero sí pueden ser una señal de alerta que conviene observar con atención.

Excusas repetidas para justificar retrasos

En algunos casos, los retrasos en el pago vienen acompañados de explicaciones que se repiten cada mes. Aunque algunas situaciones personales pueden afectar temporalmente a la capacidad de pago, cuando estas excusas se prolongan en el tiempo conviene analizar la situación con cautela.

Entre las excusas más habituales pueden aparecer:

• Retrasos en el cobro del salario.
• Problemas puntuales con el banco.
• Dificultades temporales en el trabajo.
• Gastos inesperados.

Si estas circunstancias se repiten de forma continuada, el propietario puede empezar a valorar si existe riesgo de impago.

Por este motivo es importante haber realizado previamente un buen análisis del perfil del inquilino, algo que puede hacerse mediante un estudio de solvencia del inquilino antes de formalizar el contrato.

Problemas para asumir otros gastos de la vivienda

En ocasiones las primeras señales de dificultades económicas aparecen en otros gastos relacionados con la vivienda.

Por ejemplo, el inquilino puede empezar a retrasar el pago de suministros o mostrar dificultades para asumir determinados gastos asociados al alquiler.

Entre los indicios más comunes se encuentran:

• Retrasos en el pago de suministros.
• Consultas frecuentes sobre reducción de gastos.
• Solicitudes de renegociación del alquiler.
• Dificultades para asumir pequeñas reparaciones.

Estos comportamientos pueden indicar que el inquilino está atravesando una situación económica complicada.

Situaciones personales que pueden afectar al pago

Algunas circunstancias personales pueden influir directamente en la capacidad de pago del inquilino. Cambios laborales, pérdidas de empleo o situaciones familiares complejas pueden alterar su estabilidad económica.

En estos casos conviene actuar con prudencia y mantener una comunicación abierta con el arrendatario. Muchas veces es posible encontrar soluciones temporales antes de que la situación derive en un impago prolongado.

Sin embargo, también es importante que el propietario conozca sus derechos y las herramientas disponibles si la deuda empieza a acumularse.

Para comprender mejor cómo actuar ante estas situaciones, puede resultar útil consultar información sobre qué hacer si el inquilino no paga el alquiler y cuáles son los pasos habituales en estos casos.

Cómo prevenir problemas de impago antes de alquilar

La mejor forma de evitar impagos es aplicar medidas preventivas antes de firmar el contrato de alquiler. Elegir adecuadamente al inquilino y establecer condiciones claras desde el inicio reduce considerablemente los riesgos.

Algunas recomendaciones útiles para propietarios son:

• Analizar la solvencia económica del inquilino.
• Solicitar documentación laboral o ingresos.
• Revisar referencias si existen alquileres anteriores.
• Establecer claramente la fecha de pago.
• Documentar todas las condiciones en el contrato.

Estas medidas ayudan a minimizar los riesgos y a iniciar el alquiler con mayor seguridad.

También es recomendable conocer mejor cómo funcionan las garantías del alquiler y las alternativas existentes, como se explica en el artículo sobre la alternativa a un seguro de alquiler para propietarios.

Lista de puntos para detectar señales de impago de alquiler

Si eres propietario, esta lista puede ayudarte a identificar posibles señales de riesgo en un alquiler.

• Retrasos frecuentes en el pago de la renta.
• Excusas reiteradas para justificar retrasos.
• Cambios en la comunicación con el propietario.
• Dificultades para asumir otros gastos de la vivienda.
• Solicitudes frecuentes de ampliación de plazos.
• Promesas de pago que no se cumplen.

Detectar estas señales a tiempo permite actuar con mayor rapidez y evitar que la deuda aumente.

Cómo proteger el alquiler ante posibles impagos

Aunque detectar las señales de impago es importante, muchos propietarios buscan además mecanismos que les permitan proteger sus ingresos si surge un problema con el inquilino.

Existen soluciones que ofrecen cobertura ante el impago de rentas y proporcionan respaldo jurídico en caso de conflicto. Si quieres conocer cómo funcionan estas opciones puedes consultar las prestaciones frente al impago del alquiler.

Este tipo de garantías permite a los propietarios asegurar el cobro de las rentas y contar con defensa jurídica cuando aparecen situaciones de impago, algo que aporta mayor tranquilidad durante el arrendamiento.

Si bien hace poco hablábamos de quién debe pagar los gastos de comunidad y otros servicios en un alquiler, en este artículo queremos centrarnos en aclarar a quién le corresponde asumir los gastos relacionados con mobiliario, objetos y algunas reparaciones específicas. Y es que, aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos establece criterios claros en este aspecto, existen situaciones que generan muchas dudas entre propietarios e inquilinos. En este artículo, te ayudamos a entender qué paga el arrendador y qué el arrendatario, según lo que dice la normativa. ¡Sigue leyendo!

Quién paga el sofá en un piso de alquiler

La respuesta depende del origen del deterioro. Cuando el sofá forma parte del mobiliario entregado al inicio del alquiler, este debe mantenerse en condiciones de uso adecuado. Si el daño se debe al desgaste normal por el paso del tiempo, corresponde al arrendador sustituirlo o repararlo. Sin embargo, si el desperfecto es consecuencia de un mal uso del inquilino —roturas, manchas profundas, quemaduras o daños derivados de negligencia— la responsabilidad recae en él. En esos casos, el propietario puede exigir la reparación o descontar el coste de la fianza al finalizar el contrato. La casuística se complica cuando el deterioro es ambiguo: por ejemplo, si el inquilino me pide cambiar el sofá alegando incomodidad, pero el mueble sigue siendo funcional. En esta situación, el propietario no está obligado a sustituirlo, puesto que la ley solo exige mantener los elementos en condiciones de habitabilidad razonables, no renovarlos por preferencia del inquilino.

Quién paga un grifo roto en un piso de alquiler

Los grifos y pequeños elementos de fontanería son considerados instalaciones esenciales. Si el grifo se rompe por desgaste natural, la reparación corresponde al propietario. En cambio, si se demuestra un mal uso —golpes, manipulación indebida, fuerzas excesivas— el coste deberá asumirlo el inquilino. La LAU establece que el arrendador debe garantizar que la vivienda y sus instalaciones funcionen correctamente, por lo que las averías derivadas del paso del tiempo entran dentro de su responsabilidad.

Quién paga a la inmobiliaria en un alquiler

Este es uno de los puntos que más dudas genera, sin embargo, es importante saber que, desde la implementación de la Ley de Vivienda de 2023 en España, el propietario es quien debe asumir los honorarios de la agencia inmobiliaria en los alquileres de vivienda habitual, lo que incluye los gastos de gestión y formalización del contrato. Ahora bien, esta premisa no aplica a los alquileres de temporada, turísticos o de habitaciones. En esos casos debemos fijarnos en lo que dice la Ley de Arrendamientos Urbanos, que especifica que la comisión de la inmobiliaria puede pactarse directamente con el inquilino.

Quién paga una persiana rota en un piso de alquiler

Las persianas entran dentro de los elementos funcionales de la vivienda. Si la rotura se produce por desgaste natural —cintas envejecidas, mecanismos antiguos, materiales debilitados— la reparación corresponde al propietario. Si el daño es fruto de un manejo brusco o negligente, deberá asumirlo el arrendatario. Una cuestión frecuente es determinar si la sustitución integral es necesaria. Si la persiana ya era antigua, el propietario debe asumir la reparación completa, no solo la parte mínima para que funcione.

Quién paga un desatasco en un piso alquilado

Los desatascos son uno de los problemas más comunes en los pisos de alquiler. La regla general es la siguiente:

• Si el atasco se debe al estado de las tuberías o a acumulaciones inevitables por el uso normal, paga el propietario.
• Si el atasco se debe a objetos, restos o materiales introducidos por el inquilino, este debe asumir el coste.

Es importante documentar el origen del atasco mediante factura o informe del técnico para evitar disputas.

Quién paga el colchón en un piso de alquiler

El colchón, igual que el sofá, se considera parte del mobiliario entregado. Si el desgaste es normal —pérdida de firmeza, hundimiento con el tiempo— el arrendador debe sustituirlo. No obstante, si el colchón presenta daños por uso indebido (manchas profundas, roturas, humedad por falta de ventilación), el coste corresponderá al inquilino. En ese caso, el propietario podrá descontarlo de la fianza.

Quién paga la caldera en un piso de alquiler

La caldera es un elemento esencial para garantizar la habitabilidad. Como indicábamos más arriba, la LAU establece que las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones adecuadas corresponden al propietario, lo que incluye averías de calderas provocadas por antigüedad o fallos internos. No obstante, el inquilino deberá asumir reparaciones derivadas de su mal uso, como una manipulación indebida, si ello quedó expresamente pactado por escrito.

Quién paga la lavadora en un piso de alquiler

Cuando la lavadora forma parte del mobiliario entregado, el propietario está obligado a que funcione correctamente durante todo el contrato. Si se avería por desgaste normal, el arrendador debe repararla o sustituirla. Si el daño proviene de mal uso —sobrecargas, objetos que dañan el tambor, golpes— el coste recae sobre el inquilino. En ambos casos, es recomendable acompañar la entrada al piso con un inventario detallado y fotografías del estado inicial de cada electrodoméstico.

¿Por qué es importante contar con protección ante daños?

Incluso siguiendo la ley, existen situaciones donde es difícil determinar si un daño proviene de uso habitual o de negligencia. Además, algunos desperfectos pueden superar con facilidad el valor de la fianza. Por eso resulta clave contar con servicios complementarios como la prestación de SEAG para cubrir hasta 3.000 € en daños por actos de vandalismo (tras descontar la fianza). Esta cobertura protege al propietario cuando los daños no pueden considerarse simples reparaciones o mantenimiento, sino actos intencionados o negligentes graves.

La limpieza en una vivienda de alquiler es uno de esos temas que puede generar malentendidos entre propietario e inquilino si no se establece claramente en el contrato. Aunque parezca un detalle menor, mantener la vivienda en condiciones adecuadas forma parte de las obligaciones básicas del arrendatario (inquilino) según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, hay matices importantes: la ley distingue entre el uso ordinario del inmueble y los daños o deterioros que exceden el desgaste habitual. A continuación, analizamos qué dice la normativa, cómo se aplica en los cambios de inquilino y cómo evitar conflictos innecesarios. ¡Vamos a ello!

¿Quién paga la limpieza en un piso de alquiler?

La Ley de Arrendamientos Urbanos (artículos 21 y 27) establece que el propietario está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, siempre que el deterioro no sea imputable al inquilino. Por tanto, las tareas de limpieza y mantenimiento ordinario corresponden al inquilino, mientras que las reparaciones estructurales o los trabajos derivados del uso normal del tiempo (como pintar o reparar humedades por causas naturales) corren a cargo del propietario. Además, el artículo 21.4 de la LAU aclara que el arrendatario debe hacerse cargo de “las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda”. En ese mismo sentido, mantener la limpieza e higiene del inmueble forma parte de esas pequeñas obligaciones cotidianas, ya que contribuyen al correcto uso del espacio.

Lo vemos con varios ejemplos para despejar las dudas sobre quién paga la limpieza en un piso de alquiler. Corresponde al inquilino:

• Mantener limpios los suelos, baños, cocina y electrodomésticos.
• Evitar la acumulación de residuos o suciedad que cause daños o plagas.
• Conservar los muebles y utensilios (si los hubiera) en un estado adecuado de uso.

En cambio, si el inmueble presenta problemas de salubridad por causas ajenas al inquilino (como filtraciones, moho estructural o defectos de ventilación), la responsabilidad recae en el propietario, puesto que son cuestiones que afectan a la habitabilidad general. En resumen, mientras el arrendatario debe ocuparse de la limpieza diaria, el arrendador se encarga de garantizar que la vivienda reúna las condiciones mínimas para poder habitarse.

¿Y la limpieza tras un cambio de inquilino?

El momento del cambio de inquilino es uno de los más sensibles a la hora de determinar quién debe asumir la limpieza. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (artículo 36), el inquilino está obligado a devolver la vivienda “en el mismo estado en que la recibió”, salvo los desperfectos producidos por el uso normal. Esto significa que, al finalizar el contrato, debe entregar la vivienda limpia y cuidada, tal y como se encontraba al inicio del arrendamiento. Si el propietario detecta suciedad excesiva, olores fuertes, manchas, o daños derivados de la falta de higiene, puede descontar el coste de la limpieza o reparación del importe de la fianza, siempre que lo justifique con facturas o presupuestos reales. La LAU permite este descuento porque la fianza tiene precisamente la función de cubrir los posibles deterioros causados por el inquilino que vayan más allá del uso normal de la vivienda.

En este sentido, la clave está en el inventario o acta de entrega. Si el contrato de alquiler incluye un documento con fotografías y descripción del estado inicial, el propietario podrá demostrar fácilmente si la vivienda fue devuelta en peores condiciones de las que se entregó. Del mismo modo, si el inquilino entrega el inmueble en perfectas condiciones de limpieza, tiene derecho a recuperar la fianza íntegra. Por tanto, al finalizar el contrato:

• El inquilino debe limpiar la vivienda antes de entregarla.
• El propietario puede descontar los gastos de limpieza de la fianza si demuestra que la suciedad excede el uso razonable.

En caso de desacuerdo, cualquiera de las partes puede recurrir a un procedimiento de reclamación o mediación. En los contratos bien redactados, este tipo de situaciones se evitan fácilmente especificando quién debe encargarse de la limpieza final y bajo qué condiciones puede retenerse parte de la fianza.

Reglas de limpieza para inquilinos, la mejor forma de evitar conflictos

La mejor estrategia para evitar problemas en torno a la limpieza es establecer normas claras desde el inicio del contrato. Estas reglas no solo ayudan a prevenir conflictos, sino que también garantizan el buen mantenimiento del inmueble durante toda la duración del alquiler y una mejor convivencia entre inquilinos si el inmueble se renta por habitaciones. Estos son algunos consejos útiles:

• Incluir una cláusula de mantenimiento: es recomendable que el contrato indique expresamente que el inquilino se compromete a mantener la vivienda en condiciones adecuadas de limpieza y orden.
• Realizar un inventario fotográfico: las fotografías del estado inicial permiten comparar la situación al entregar las llaves y evitar reclamaciones injustificadas.
• Reglas de limpieza y orden general para inquilinos: siempre es aconsejable especificar las normas de convivencia básicas y dejar constancia de ellas, por ejemplo, en un tablón de anuncios en el propio inmueble.
• Establecer la obligación de limpieza final: especialmente en los contratos de corta duración o alquiler vacacional.

Además, es fundamental fomentar la comunicación y la confianza. Si surgen problemas de salubridad o deterioro, lo ideal es que el inquilino lo comunique al propietario lo antes posible para poder actuar. Los conflictos más comunes suelen deberse a una falta de diálogo o a la ausencia de cláusulas claras en el contrato. En este contexto, contar con un servicio de alquiler garantizado como el de SEAG ofrece una tranquilidad adicional a los propietarios. SEAG no solo protege frente al impago del alquiler, sino que también ofrece defensa jurídica integral y cobertura de hasta 3.000 € frente a daños o actos de vandalismo, situaciones que a menudo se derivan del abandono del inmueble en mal estado. De esta manera, los propietarios pueden recuperar su vivienda con seguridad y sin asumir los costes derivados de la falta de mantenimiento, garantizando que el proceso de alquiler sea transparente y justo para ambas partes.

Septiembre y octubre son meses críticos para los propietarios de viviendas en alquiler. Según los datos de morosidad recopilados por SEAG, el impago de rentas se dispara en estas fechas debido a un factor económico recurrente: el descenso de liquidez de muchas familias tras el verano. A continuación, analizamos los datos de morosidad a lo largo de los años y cuáles son las cifras actuales. ¡Sigue leyendo!

Cuáles son los datos de morosidad y por qué aumentan las cifras tras el verano

Los gastos extraordinarios de las vacaciones, sumados al inicio del curso escolar —material, matrículas, uniformes y actividades extraescolares—, hacen que muchos inquilinos tengan dificultades para priorizar el pago de la renta. Como resultado, el ratio de morosidad crece de manera notable durante estos meses, afectando de lleno a la estabilidad de los arrendadores. Las cifras son claras: la deuda media anual por inquilino moroso alcanzó en 2024 los 7.957 euros, lo que supone un 4,59% más que el año anterior (7.608 euros); o un incremento del 15,76%, en comparación con los 6.874 euros del 2022. Aunque las cifras son generales, los informes demuestran que la tendencia en septiembre y octubre es determinante en el incremento de la deuda de alquiler en España, un fenómeno que lleva años repitiéndose con la misma intensidad.

Dónde hay un mayor ratio de morosidad en España

Aunque los impagos afectan a todo el territorio nacional, algunas comunidades autónomas presentan un mayor ratio de morosidad que otras. Cataluña lidera la lista con una deuda media de 10.996 euros por inquilino, seguida de Baleares con 10.234 euros, Madrid con 9.813 euros y el País Vasco con 8.373 euros. Si analizamos por provincias, entonces Barcelona encabeza el ranking con 13.419 euros de media por deudor, seguida por Baleares, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Sevilla y Vizcaya. Además, Cataluña también es la comunidad que acumula el mayor número de casos de impago, con más de 5.500, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.

Esta realidad refleja no solo un problema económico, sino también un fuerte impacto social y emocional para los propietarios, que en muchos casos ven comprometido su patrimonio durante largos periodos de tiempo con las correspondientes consecuencias que ello puede conllevar.

Cómo reclamar una deuda de alquiler

Ante un impago, los propietarios pueden iniciar un procedimiento judicial para reclamar la deuda de alquiler. El proceso más habitual es la interposición de una demanda de desahucio por falta de pago, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, este procedimiento puede prolongarse durante meses e incluso años, con costes económicos considerables para el arrendador. Por ello, los expertos recomiendan actuar de manera preventiva, seleccionando cuidadosamente al inquilino y protegiéndose mediante servicios especializados que garanticen el cobro puntual de la renta.

Cómo prevenir la deuda de alquiler con SEAG

Como indicábamos, la prevención es lo más importante para evitar el impago y sus consecuencias. De hecho, en SEAG gestionamos actualmente cerca de 700 casos activos de impago. Y es que, aunque lo más habitual es que un propietario pueda recuperar su vivienda en 13 meses, hay situaciones que pueden prolongarse hasta los 7 años —tal y como hemos comprobado en Sociedad Española de Alquiler Garantizado,  con el correspondiente impacto emocional y económico que esto supone para los propietarios de viviendas en alquiler—. En SEAG somos conscientes de que el verdadero problema no es tanto reclamar una deuda de alquiler como prevenir que se produzca. Por eso, todos nuestros clientes contratan nuestras garantías antes de que se dé un impago, no después. De esta forma, protegemos a los propietarios desde el primer día del contrato.

Durante 2024, la media mensual de altas entre enero y agosto fue de 1.798. Pero en septiembre y octubre, coincidiendo con el aumento del ratio de morosidad, registramos un total de 4.706 nuevas altas. Esta cifra demuestra que cada vez más propietarios entienden la importancia de blindar su renta en los meses más críticos, y antes de que tenga lugar el problema. En SEAG acompañamos al propietario en todo momento. Nuestro servicio incluye cobertura legal, indemnización por rentas impagadas y cobertura frente a daños por actos de vandalismo, tanto para viviendas en alquiler de larga duración, como para el alquiler de habitaciones y el alquiler de temporada. Además, por supuesto, de nuestras prestaciones adicionales. Te recomendamos siempre anticiparse al problema con una selección rigurosa del inquilino, buena comunicación y reacción inmediata ante los primeros signos de incumplimiento.

Y es que, en un contexto en el cual la deuda media por inquilino sigue aumentando año tras año, la prevención es clave. Nuestra misión es garantizar a los arrendadores que podrán cobrar su renta sin retrasos, evitando que el impago se convierta en una amenaza para su tranquilidad y su patrimonio.

Alquilar una vivienda a un familiar puede parecer una solución cómoda, rápida y sin complicaciones. Sin embargo, este tipo de operaciones inmobiliarias plantea múltiples interrogantes: ¿Se puede hacer legalmente? ¿Qué requisitos deben cumplirse para que el contrato sea válido? ¿Cómo afecta a la fiscalidad? ¿Y qué ocurre si hay un impago? Este artículo analiza en profundidad las implicaciones legales y fiscales del contrato de alquiler de vivienda entre familiares, con ejemplos prácticos y consejos útiles para evitar errores comunes. Porque cuando se mezcla familia y alquiler, lo que comienza como una ayuda puede acabar en conflicto… o en una sanción de Hacienda. ¡Lo vemos con más detalle!

¿Se puede alquilar un piso a un familiar?

La respuesta es sí. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no prohíbe alquilar un piso a un familiar, ya sea hijo, padre, primo o cuñado. De hecho, se puede formalizar un contrato de alquiler a nombre de un familiar como con cualquier otro inquilino. No obstante, el hecho de que exista una relación familiar obliga a tomar precauciones adicionales, especialmente desde el punto de vista fiscal. La Agencia Tributaria podría interpretar que no existe un arrendamiento real, sino una cesión gratuita, y considerar que los gastos deducidos no son válidos. Para evitar estos problemas, es fundamental firmar un contrato por escrito, registrar el alquiler y declarar correctamente el rendimiento en el IRPF. De lo contrario, podrías enfrentarte a sanciones e imputaciones de rentas ficticias.

Características del contrato de alquiler entre familiares

Como indicábamos, la Ley de Arrendamientos Urbanos no hace ninguna distinción entre los contratos destinados a familiares y a cualquier otra persona sin vínculos sanguíneos o políticos. Por lo tanto, un alquiler a un familiar debe cumplir los mismos requisitos que cualquier otro contrato regulado por la LAU. Entre ellos:

• Debe formalizarse por escrito e incluir los datos del arrendador, del inquilino y del inmueble.
• Debe establecer un precio de mercado, coherente con otros inmuebles similares en la zona.
• Debe especificar la duración del contrato, así como las condiciones de prórroga y rescisión.
• Deben figurar las obligaciones y derechos del propietario y de los inquilinos, como la responsabilidad de las reparaciones, suministros, uso adecuado de la vivienda…
• Cláusulas adicionales, según estime oportuno el arrendador.
• En estos casos, suele ser recomendable que se registre en el organismo autonómico correspondiente, aunque no sea obligatorio en todas las comunidades.

La clave en este modelo de contrato de alquiler entre familiares está en demostrar que el contrato es real y no una ficción para beneficiarse de ventajas fiscales. Si el alquiler está por debajo del valor de mercado o no se ingresan las mensualidades, Hacienda puede sospechar y aplicar lo que se conoce como rendimiento mínimo computable. Así mismo, recuerda que es importante documentar los pagos con recibos o transferencias, aunque haya confianza. Esto evita problemas futuros, tanto con Hacienda como con el propio familiar.

¿Qué es el rendimiento mínimo computable del alquiler a familiar?

Uno de los mayores escollos de alquilar un piso a un familiar es el tratamiento fiscal, como hemos mencionado en varias ocasiones en este artículo. Hacienda presume que en muchos de estos casos no hay un alquiler real, sino una cesión gratuita o con renta simbólica. Por eso, aunque cobres un alquiler inferior al valor de mercado, la Agencia Tributaria te puede exigir tributar por el llamado rendimiento mínimo computable. Esto implica que el rendimiento neto del alquiler a un familiar no podrá ser inferior al 1,1% del valor catastral (o al 2% si el valor no ha sido revisado en los últimos 10 años).

Por ejemplo, si el valor catastral de la vivienda es 90.000 €, Hacienda imputará como rendimiento mínimo 990 € anuales, aunque realmente cobres 600 € al mes. Y si no hay contrato ni justificación de pagos, podrían considerar que no existe alquiler y anular cualquier deducción. Así que, si decides alquilar piso a un familiar, sé meticuloso con los pagos, los plazos y las condiciones contractuales. Evitarás sorpresas desagradables en una futura inspección.

En base a todo ello, ¿merece la pena hacer un contrato de alquiler entre familiares?

Firmar un contrato de alquiler con un familiar puede ser legal y beneficioso si se hace correctamente. Pero también puede convertirse en un error importante si se buscan atajos, no se respeta el valor de mercado o se incurre en prácticas opacas. De hecho, en el mundo de la inversión inmobiliaria, alquilar a un familiar suele considerarse un riesgo innecesario. La confianza, el vínculo emocional y la tolerancia a retrasos o impagos pueden minar la rentabilidad… y dañar las relaciones personales. Además, cuando se alquila a un familiar, es más difícil justificar una reclamación por impago, e incluso puede generar conflictos si la situación deriva en ocupación o deterioro de la vivienda. Y si estás invirtiendo con visión empresarial, esto es justo lo que debes evitar.

En SEAG (Sociedad Española de Alquiler Garantizado) ofrecemos soluciones reales para este tipo de situaciones. Nuestras garantías jurídicas cubren el impago del alquiler, los suministros y los daños a la vivienda, incluso en procedimientos complejos. Además, SEAG participa en eventos especializados para propietarios e inversores, donde asesora sobre cómo alquilar con seguridad jurídica, transparencia y rentabilidad. Si buscas tranquilidad y protección integral, no te la juegues: deja el alquiler en manos de profesionales.

Según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el tiempo medio en España para desalojar a un okupa es de doce meses de plazo. Un periodo al cual se le deben sumar las apelaciones de sentencias en las audiencias provinciales que pueden aumentar la duración en hasta casi dos años. Ante esta situación, y en estos primeros meses del año, nos hemos encontrado con una reacción por parte de los magistrados catalanes, en concreto de Barcelona y Gerona, que han optado por llegar a un acuerdo para suprimir el delito de acción por cortar suministros a los okupas. ¡Te explicamos al detalle en qué consiste este acuerdo!

Delito de coacción: ¿Se puede cortar los suministros a los okupas?

El delito de coacción por cortar los suministros se produce cuando el propietario de una vivienda, ante una ocupación ilegal, decide cortar el agua, la luz o el gas con el objetivo de forzar la salida de los okupas. Aunque la ocupación sea ilícita, la ley no permite que el dueño actúe por su cuenta vulnerando derechos fundamentales. Según el Código Penal español (artículo 172), coaccionar a alguien mediante actos como cortar suministros esenciales puede ser delito, castigado con penas de multa o prisión. La vía que indica la ley para recuperar una vivienda ocupada, en estos casos es acudir a los tribunales y no ejercer presión directa.

Adiós al delito de coacción en Barcelona y Gerona

Hasta el momento, el delito de coacción aplicaba a todas las ciudades y municipios de España, sin embargo, recientemente se ha llegado a un acuerdo único por parte de las asociaciones de jueces en las provincias de Barcelona y Gerona, donde dejará de ser así. Los magistrados de las secciones penales de las Audiencias Provinciales de Barcelona y Gerona acordaron, en sus reuniones del 7 de marzo de 2025 y del 22 de noviembre de 2024, unificar su criterio. Han determinado que si el titular de una vivienda —ya sea propietario u ostente otro título legítimo de uso— decide cortar los suministros a okupas o deja de pagarlos en caso de ocupación o allanamiento de morada, dicha conducta no constituye un delito de coacciones. En otras palabras, no se considera delito que el titular no asuma los gastos de suministros mientras su propiedad esté ocupada de forma ilegítima, tal y como fue suscrito el pasado 7 de marzo del 2025.

El acuerdo también indica que no podrá archivarse una denuncia sin haber tratado de identificar a los ocupantes. Es decir, en el caso de denuncias por delito leve de usurpación contra personas cuya identidad resulte desconocida no será posible acordar el sobreseimiento provisional sin que los cuerpos policiales traten de identificar a los ocupantes del inmueble. Solo en caso de no conseguirlo, se procederá con el sobreseimiento. El sobreseimiento, en este caso, cerrará el proceso judicial antes de dictar sentencia.

¿Este acuerdo afecta a la inquiokupación?

La inquiokupación, como hemos explicado en alguna ocasión, tiene lugar cuando un inquilino deja de pagar al propietario, habiendo un contrato de alquiler de por medio. Esta decisión, lamentablemente, no afecta a este tipo de okupación, solo a los okupas de patada en la puerta, por lo que los propietarios tendrán que seguir pagando los suministros de sus okupas si están a su nombre. Por lo tanto, aunque se trata de una medida que marca un nuevo camino legal ante esta situación —y supone un gran alivio para los propietarios de Gerona y Barcelona (hay que tener en cuenta que casi la mitad de las okupaciones en España se producen en Cataluña)—, es una buena noticia para los propietarios de segundas viviendas ya que ahora se puede cortar la luz a un okupa, así como cortar agua a okupas y el gas.

Afortunadamente, debes saber que si estás alquilando tu vivienda también puedes contar con protección frente a este tipo de situaciones con el servicio de Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG). Te protegemos contra el impago de alquiler de manera indefinida hasta la recuperación de tu inmueble. Además, nuestro servicio aplica tanto al alquiler de la vivienda completa para contratos de larga duración como para el de habitaciones y el de temporadas, e incluye protección jurídica. Nuestro equipo de abogados especializados se encargará de llevar a cabo todos los trámites de la reclamación, asumiendo los costes del proceso. Y, si todavía quieres más protección, en SEAG te damos la posibilidad de contratar una prestación adicional para el impago de los suministros. Así que, aunque no puedas cortar la luz a un okupa, no tendrás que seguir pagándola porque lo haremos nosotros por ti.

¿Quieres alquilar con total tranquilidad? Te animamos a preguntarnos todas tus dudas sin compromiso para que podamos asesorarte al respecto. SEAG responde ante el impago de alquiler, no somos un seguro, nuestra garantía tiene todas las prestaciones que necesitas.

¿Puede extrapolarse estas medidas a nivel al resto del país?

La decisión tomada por los jueces de las Audiencias Provinciales de Barcelona y Gerona, que establece que no es delito de coacciones cortar los suministros (agua, luz, gas) en viviendas ocupadas de forma ilegal, no se aplica automáticamente al resto de España. Este criterio es válido únicamente en su ámbito territorial, ya que no proviene del Tribunal Supremo ni del legislador, por lo que no crea jurisprudencia de obligado cumplimiento a nivel nacional. Sin embargo, esta resolución sí puede marcar un precedente relevante que influya en futuras interpretaciones judiciales en otras provincias, especialmente si se siguen sumando decisiones similares en diferentes audiencias. A medio plazo, podría motivar una unificación de criterio por parte del Tribunal Supremo o incluso una reforma legislativa para aclarar el marco legal sobre este tipo de situaciones. Actualmente, los jueces catalanes justifican su decisión en que el propietario no tiene obligación de mantener el alta o el pago de suministros si la vivienda ha sido ocupada sin su consentimiento. Aunque esto aún no es una norma estatal, podría extenderse si otros jueces o tribunales adoptan este razonamiento, abriendo la puerta a una aplicación más amplia en todo el país, en función de la evolución jurisprudencial y política.

El gobierno ha anunciado nuevas medidas relacionadas con los requisitos de procedibilidad para reclamar un impago. Estos cambios entrarán en vigor a partir del 3 de abril y tienen como fin reducir la carga de los juzgados. Te explicamos cuáles son las novedades al respecto y cómo reclamar un impago de alquiler en 2025 tras estos cambios. ¡Sigue leyendo!

Cómo reclamar impago alquiler en 2025: las novedades

Los nuevos requisitos de procedibilidad para reclamar un impago de alquiler en 2025 aparecen reflejados en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Estas surgen con el objetivo de reducir la carga de los juzgados ofreciendo la posibilidad de establecer directamente una mediación previa entre los propietarios e inquilinos, la cual en algunos casos es posible que evite la demanda por impago de alquiler en este 2025, y en adelante. Los procesos, como indicamos, pasan a ser privados, en primera instancia, pudiendo ser gestionado, por ejemplo, a través de un notario directamente, como puedes ver en el siguiente vídeo en el cual el CEO de SEAG Pedro Bretón habla sobre cómo denunciar un impago de alquiler en 2025 y los requisitos:

En definitiva, la Ley Orgánica establece la obligación de intentar solucionar el problema por otros medios privados antes de acudir al juzgado para interponer la demanda de desahucio por impago, como se venía haciendo hasta el momento. Y para ello surge la figura de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como es el caso de la conciliación privada o pública.

¿Qué son los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y qué tipos hay?

Los MASC son las figuras utilizadas para gestionar y solucionar conflictos sin acudir a un juzgado ofreciendo soluciones más ágiles y menos costosas que un procedimiento judicial para satisfacer las necesidades. Se trata de formas alternativas a la jurisdicción que permiten a la ciudadanía tomar un papel activo en la gestión de sus intereses. Así mismo, existen varios tipos de MASC, tal y como puede consultarse en la web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estos son los siguientes, y su función varía dependiendo de la naturaleza del conflicto, ya que pueden ser múltiples, variados y dinámicos —como es el caso de una denuncia por impago de alquiler—:

• Mediación: Dos o más personas intentan alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de una persona mediadora que actúa facilitando el diálogo y el acuerdo de manera imparcial y neutra.
• Conciliación: Puede ser pública o privada. En ella, la persona experta conciliadora cuenta con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia del conflicto. En el caso de las figuras públicas están los jueces de paz (para asuntos inferiores a 6.000 euros), los letrados de la administración pública, los notarios y los registradores.
• Negociación: Se negocia directamente por las partes o con la asistencia de un asesor, asesor legal o abogados para la resolución de controversias.
• Derecho colaborativo: Todavía por determinar.
• Oferta Vinculante Confidencial: Todavía por determinar.
• Opinión de Persona Experta Independiente: La persona experta elegida por las partes emite un informe técnico independiente para solucionar el problema.

¿Cuándo se puede denunciar por impago de alquiler en 2025?

Tal y como se contempla en la nueva Ley Orgánica, la denuncia por impago de alquiler podrá realizarse tras haber intentado la conciliación a través de alguno de los MASC explicados y sin llegar a un acuerdo. En caso de no solucionarse el conflicto, cualquiera de las partes puede acudir a los juzgados o tribunales, en este caso será el propietario el que podrá proceder a realizar la demanda. Y en su caso, si hubiera contratado alguna de las prestaciones de SEAG, como la garantía indefinida o la garantía temporal, será nuestro equipo de abogados el que se encargue de ofrecer la protección jurídica a través del equipo de abogados especializados en el tema (asumiendo todos los costes del proceso judicial). Por supuesto, este servicio ofrece protección frente al impago, además de otros servicios. En el caso concreto de los alquileres temporales se garantiza el cobro hasta 12 mensualidades, mientras que en el de vivienda habitual la duración es indefinida hasta la recuperación del inmueble.

Cambios específicos para los grandes tenedores en este 2025

Así mismo, ha habido cambios que afectan directamente a los grandes tenedores. En concreto, en lo relativo a la justificación de la vulnerabilidad de los inquilinos antes de interponer una demanda, tal y como explica Pedro Bretón en el vídeo. Recientemente el Tribunal Constitucional (TC), tras el recurso presentado contra uno de los preceptos de la Ley de Vivienda, lo ha estimado favorable. En concreto el que va en contra de la disposición final quinta de la norma (apartado dos y seis) que fija los requisitos para admitir a trámite las demandas, para recuperar la vivienda y para iniciar una embarcación de bienes. Esta norma obligaba al propietario, siempre que fuera un gran tenedor (con diez o más inmuebles), a acreditar que el inquilino se encontraba (o no) en situación de vulnerabilidad para poder presentar una demanda por impago de su inmueble o por okupación.

El Constitucional ha rectificado la medida dando la razón al recurso y sentenciando que las medidas no son razonables ni proporcionales, por lo que el gran tendedor ya no tendrá que demostrarlo para poder proceder con la demanda. Bretón confía en que esta medida contribuya a disminuir la inseguridad en el mercado del alquiler, ya que numerosos propietarios están optando por no poner sus viviendas en arrendamiento debido al miedo a enfrentar extensos y complicados procesos judiciales en caso de impagos o conflictos con los inquilinos. Con esta nueva regulación, se espera generar un entorno más estable y seguro para quienes deseen alquilar su propiedad, brindándoles mayor confianza y garantías legales. A su vez, esta mayor seguridad jurídica podría incentivar a más propietarios a ofrecer sus viviendas en alquiler, aumentando así la oferta disponible en el mercado y favoreciendo el acceso a la vivienda para los inquilinos.

Recientemente han sido aprobadas una serie de medidas propuestas en el decreto Ómnibus que busca proteger a los consumidores vulnerables. De las 80 iniciales, solo han salido adelante 29, aprobadas con el pacto del gobierno y Junts —a falta de su convalidación en el plazo de un mes—. Y una de ellas es la del nuevo seguro de impago del alquiler del gobierno destinado a los propietarios. Ahora bien, exactamente qué es y cuáles son las características de esta medida. Te explicamos todo lo que se sabe hasta el momento. ¡Sigue leyendo!

¿En qué consiste el nuevo seguro de impago de alquiler en España del gobierno?

De todas las medidas planteadas en este decreto ómnibus, una de las más destacadas para los propietarios de viviendas en alquiler es la del nuevo seguro de impago del gobierno. Esta pretende crear un fondo de garantías públicas con el cual el estado compense a los caseros en caso de que el inquilino deje de pagar. Además, tal y como explicó el presidente del gobierno, estos avales pretenden servir de igual manera como complemento al escudo antidesahucios de familias vulnerables. Esta medida publicada en el BOE en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero servirá para asumir los impagos por un tiempo limitado hasta la recuperación de la posesión del inmueble y cubrirá los daños en la vivienda, costes de suministros y otros gastos —todavía por definir reglamentariamente—.

Tal y como puede leerse en el artículo 76.1: “Para facilitar el acceso al mercado de alquiler y mitigar las dificultades económicas derivadas del acceso a la vivienda, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana establecerá una línea de avales para cubrir los posibles impagos derivados de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables en los términos que reglamentariamente se establezcan. El aval garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan”. Además, los avales serán gestionados por las comunidades autónomas con financiación finalista por parte del estado.

¿Qué se necesita para optar al seguro de impago de alquiler en España del gobierno?

Los requisitos para optar a esta medida están contemplados, así mismo, en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero. En concreto en el artículo 76.2 y el artículo 76.3 que indican que para la obtención del aval el inquilino debe cumplir como mínimo con uno de los siguientes requisitos (tanto en el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento como de la firma del documento de compromiso del aval por parte del gobierno):

1. Ser menor de treinta y cinco años.
2. Tratarse de personas vulnerables de acuerdo con los criterios establecidos reglamentariamente.

Pero no solo eso, el otorgamiento del aval implica de igual manera cumplir con lo siguiente para que este pueda ser concedido al propietario en caso de enfrentarse a una situación de impago de alquiler:

1. Que la renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia al alquiler.
2. Depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y sus actualizaciones.
3. Suscribir por arrendador y arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.

¿Cuándo se podrá cobrar el aval del seguro de impago de alquiler en España del gobierno?

Tal y como se especifica en las medidas del real decreto, los propietarios podrán solicitar el cobro de las cantidades adeudadas y avaladas dentro de un plazo de 6 meses desde que recuperen la vivienda. Esto podrá ocurrir mediante una resolución judicial, un acuerdo judicial o extrajudicial que acredite la recuperación de la posesión. Además, el reglamento podrá incluir nuevos beneficiarios dentro de esta línea de avales. Dicho reglamento deberá aprobarse en un máximo de 6 meses desde la publicación de esta norma y se aplicará a los contratos vigentes cuando el real decreto-ley entre en vigor.

¿Es viable el nuevo seguro de impago de alquiler en España del gobierno?

Pedro Bretón, CEO de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), ha ofrecido su perspectiva sobre la propuesta de PP y PSOE de crear un seguro de impago para los arrendadores con el fin de protegerlos en caso de enfrentarse a esta situación. Bretón comienza señalando que garantizar el pago de los alquileres es una de las principales preocupaciones de los propietarios, ya que muchos dependen de estos ingresos para cubrir sus propios gastos. En este sentido, valora positivamente la iniciativa del gobierno, pero advierte que debería desarrollarse a través de colaboraciones público-privadas, ya que las empresas especializadas tienen la experiencia y las herramientas necesarias para gestionar estos seguros de forma eficiente, como es el caso de SEAG que lleva más de diez años trabajando en este ámbito, proporcionando seguridad jurídica y soluciones para evitar impagos —además de ser la primera compañía nacional que asegura las rentas del alquiler de manera indefinida—. Tal y como puede verse en la siguiente entrevista, uno de los aspectos que más inquieta a Bretón es la financiación de esta medida:

Bretón cuestiona cómo será la financiación y quién asumirá los costos en caso de impagos (y si este nuevo seguro se sostendrá mediante un aumento del gasto público). En este sentido, menciona la posibilidad de que ciudadanos que no tienen viviendas en alquiler, como aquellos que pagan su hipoteca para vivir en su propia casa, terminen contribuyendo con sus impuestos para cubrir este gasto. Considera que estos servicios deberían estar dirigidos exclusivamente a quienes realmente los necesitan y que su financiación debe ser clara y sostenible.

El pasado 13 de octubre tuvo lugar la conocida huelga de alquileres o huelga de los inquilinos, una manifestación que fue convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid a causa de los precios del alquiler. Esta huelga ha supuesto el impago total o parcial de las rentas a una gran cantidad de propietarios como una forma de propuesta y presión colectiva organizada. Ahora bien, hasta qué punto esta huelga fue legal. ¿Se está cometiendo un delito? Te explicamos qué hacer si eres uno de los afectados y cuáles son las posibles soluciones desde el punto de vista de Pedro Bretón, CEO de SEAG. ¡Vamos a ello!

¿Qué es la huelga de inquilinos y qué persigue? ¿Es legal?

La huelga de los inquilinos fue organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid con el fin de hacer presión para que se reduzcan los precios de los alquileres dejando de pagarlos total o parcialmente. La huelga tiene como fin, además, eliminar algunas cláusulas del contrato consideradas como “injustas” y exigir mejores condiciones de habitabilidad. Ahora bien, ante la pregunta inicial sobre si es legal o no, la respuesta es no. Se trata de una huelga que no ha sido reconocida como un derecho legal, puesto que la constitución en su artículo 28 únicamente reconoce el derecho a la huelga por motivos laborales. Por lo tanto, esta acción puede tener consecuencias judiciales por parte del propietario e incluso llegar al desahucio de los inquilinos.

¿Qué hacer si has sido afectado por la huelga de los inquilinos?

Tal y como explica Pedro Bretón, CEO de SEAG, la huelga de inquilinos es una acción que supone un problema más que una solución. El enfoque de presionar a los propietarios no es el adecuado, ya que el problema real de la accesibilidad a la vivienda radica en la escasez de inmuebles disponibles, y no en las prácticas de los propietarios. La huelga de inquilinos, que implica dejar de pagar la renta como medida de presión, es vista por Bretón como una acción contraproducente que desvirtúa el contrato de alquiler. Cuando un inquilino firma un contrato de arrendamiento, lo hace aceptando unas condiciones específicas que no han cambiado durante el transcurso de la relación contractual. Por ello, romper el acuerdo de pago puede incluso considerarse un acto de coacción, ya que se fuerza al propietario a aceptar demandas bajo presión, algo que, legalmente podría calificarse como un delito.

Bretón aclara que, en los casos de impago, SEAG siempre intenta mediar entre las partes, aunque si no se llega a una solución, el siguiente paso sería iniciar un proceso legal. Hay que tener en cuenta que se notificará a los inquilinos por burofax, carta o email certificados para que retomen el pago en un plazo de 30 días —de esta manera el contrato sigue en vigor y con las mismas condiciones—. Ahora bien, en los casos de negativa, se puede presentar una demanda de desahucio por impago y reclamación de las rentas, y una vez tiene lugar esto no es posible revertir la acción.

En cuanto a los propietarios con la Garantía de impago de SEAG, la compañía asegura que sus clientes están protegidos frente a situaciones de este tipo, garantizando el cobro de la renta mensual mientras el proceso de recuperación del inmueble se lleva a cabo. Contar con una garantía de este tipo evita que muchos propietarios puedan encontrarse con dificultades, especialmente aquellos que dependen del alquiler para cubrir sus propias hipotecas. Además de la cobertura que brinda, especialmente ante un sistema judicial con tiempos de resolución prolongados, situación que puede complicar a quienes dependen de esos ingresos.

Las soluciones frente a la subida de los precios del alquiler

Como indicábamos a lo largo del artículo, dejar de pagar el alquiler como medida de presión no es la solución, puesto que el problema no está en los propietarios. Según Bretón, es necesario incentivar la oferta de viviendas en el mercado para que el precio se regule de forma natural en lugar de recurrir a huelgas o restricciones impuestas. Además, se debe prestar atención al efecto negativo de ciertas iniciativas sobre la confianza de los propietarios, quienes se sienten cada vez más inseguros y desincentivados a poner sus inmuebles en alquiler. Las políticas que priorizan el control de precios o las huelgas de impagos, advierte el CEO, solo logran reducir la oferta de alquiler, lo que a largo plazo afecta aún más el acceso a la vivienda y al aumento de los precios.

La cuestión de las ayudas gubernamentales, como los 200 millones destinados a alquileres para jóvenes, por otro lado, es una medida que Bretón califica de oportunista y con poco impacto real. Según el experto, esta ayuda, que ya se anunció en 2022, no está bien enfocada, ya que muchos jóvenes no encuentran viviendas en el rango de precios que establece el programa, especialmente en grandes ciudades. Lo que se está haciendo es inyectar más dinero sin resolver el problema subyacente de la escasez de inmuebles. El CEO de SEAG aprovecha la entrevista, así mismo, para hacer un llamado a las plataformas y organizaciones que promueven la huelga de inquilinos, instándolas a reconsiderar su enfoque. Según él, estas acciones generan un clima de inseguridad y desconfianza entre los propietarios, lo que puede lograr el efecto contrario. Es decir, que se reduzca la cantidad de inmuebles disponibles y empeore el problema de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlo. En definitiva, para mejorar el mercado del alquiler, Bretón propone tomar medidas reales y menos mediáticas, enfocadas en generar más inmuebles en el mercado.

Firmar un contrato, sea de la índole que sea, tiene una serie de implicaciones legales que se estipulan en el documento en función de la naturaleza o del fin del servicio prestado. Estas deben ser cumplidas por ambas partes, tanto por la persona que disfruta del servicio, como por la que lo presta. Y es algo que se extrapola de igual manera a los contratos de alquiler, en cuyo caso existen varias normativas como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que fijan cuáles son obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento. En este artículo nos centramos en analizar cuáles son los daños y perjuicios por incumplimiento de contrato de alquiler, tanto del inquilino, como del propietario. ¡Sigue leyendo!

Incumplimiento de contrato de alquiler: ¿Qué es?

El incumplimiento del contrato de alquiler tiene lugar cuando una de las partes (arrendador o arrendatario) no cumple con las obligaciones pactadas en el documento firmado. Lo cual puede tener varias consecuencias, dependiendo de las cláusulas generales y las cláusulas específicas. Por lo general, los casos más habituales suelen ser los siguientes.

Incumplimiento de contrato de alquiler por parte del inquilino

En el caso de ser el inquilino, las causas más habituales por las cuales se incurre al incumplimiento del contrato son las siguientes:

• Impago del alquiler por parte del inquilino: Es decir, cuando el inquilino no paga la renta en los términos acordados (plazo, cantidad…). Es uno de los casos de incumplimiento de contrato de alquiler más habituales y debido a la justicia suele afectar a los propietarios durante varios meses hasta que se produce el lanzamiento por impago de alquiler. Afortunadamente, los propietarios pueden contar con la tranquilidad de cobrar mes a mes su cuota mensual contratando un servicio de garantía del alquiler de SEAG. Este, aparte de evitar las pérdidas para el propietario, proporciona tranquilidad día a día al saber que el pago está asegurado. Sin olvidar que incluye todos los gastos derivados del proceso judicial de la reclamación del impago.
• Impago de los suministros: El inquilino debe hacerse cargo de los suministros, lo que quiere decir, que debe abonar el consumo de la luz y del agua, entre otras. Dependiendo de la forma en la que se haya pactado, debería pagarlos directamente a la compañía o al propietario. El impago al propietario se considera, de igual manera, un incumplimiento del contrato.
• Subarrendamiento de la vivienda: El inquilino subarrienda la propiedad sin el consentimiento del propietario. Esto es algo que debe estar especificado en el contrato.
• Daños a la propiedad: De manera intencionada o por la utilización de la propiedad de manera indebida. Además, el inquilino tampoco puede realizar obras en el inmueble sin contar con un consentimiento por escrito del propietario.
• Uso indebido del inmueble: Siempre y cuando el piso se utilice para un fin distinto al estipulado, por ejemplo, como uso comercial en lugar de residencial.
• Incumplimiento de las normas convivencia: Que puedan afectar al resto de inquilinos, así como también a los vecinos de la comunidad. Se incluyen, así mismo, las actividades nocivas, peligrosas o ilegales. En caso de cometerlas estaría incumpliendo el contrato de alquiler.
• Abandono de la vivienda antes de tiempo: Es otra de las situaciones más habituales en las que se incumple con las normas del contrato. En algunos casos, es posible que exista una penalización correspondiente al valor de una cuota por cada año pendiente de contrato.

Incumplimiento de contrato de alquiler parte del propietario

Los propietarios, por otro lado, pueden incurrir al incumplimiento del contrato en otras situaciones. Las más habituales son:

• No devolución de la fianza: El propietario debe devolver la fianza siempre y cuando no haya daños a reparar ocasionados por el inquilino y que no tengan que ver con el mantenimiento y desgaste natural del uso de la vivienda. En caso de no devolver la fianza, se incurre también en un incumplimiento del contrato de alquiler. Además, la ley estipula que la fianza debe devolverse en un plazo máximo de 30 días naturales, el tiempo que se fija para poder revisar si existen daños y que los pagos estén al corriente.
• No realización de las reparaciones necesarias: El propietario también tiene obligaciones, como la realización de las reparaciones pertinentes para mantener el inmueble en condiciones habitables.
• No informar a tiempo de la voluntad de hacer obras: La ley permite la realización de obras para resanar la vivienda y mejorar su habitabilidad. Ahora bien, debe avisar al inquilino con un plazo de 3 meses para que pueda tomar la decisión de rescindir el contrato frente a las posibles molestias.
• Finalización del contrato antes de tiempo: Cuando el propietario no respeta los plazos legales. Ahora bien, existen situaciones (por necesidad) en las cuales es posible rescindirlo antes de tiempo, pero siempre deben estar justificadas.
• No respetar la intimidad del inquilino: El propietario no puede visitar la vivienda sin avisar, aunque sea suya, para garantizar la privacidad del inquilino. Deben aparecer indicados los tiempos de aviso en el contrato, por ejemplo para que el propietario pueda enseñar el inmueble a otras personas interesadas en alquilar una habitación.

Daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de alquiler

El incumplimiento del contrato de alquiler, como es de esperar, puede llevar a diversas consecuencias, entre las cuales se encuentra una rescisión del contrato y la expulsión del inquilino, por un lado, y reclamaciones por daños y perjuicios —tanto por parte del propietario como del inquilino— con la consecuente multa e indemnización por incumplimiento del contrato de alquiler, según la legislación vigente. Esto es algo que puede consultarse en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Denuncia por incumplimiento de contrato de alquiler: ¿Cómo y dónde realizarla?

La denuncia por un incumplimiento del contrato de alquiler debe realizarse en el juzgado de lo civil en la ciudad donde se ubica el inmueble. Además, en caso de tratarse de un juicio verbal —si no excede de los 2.000 euros— no es necesaria la intervención por parte de un abogado y procurador. En los casos contrarios sí. Como indicábamos más arriba, el servicio de garantía frente al impago de SEAG cuenta, así mismo, con la protección jurídica integral, para llevar a cabo las denuncias por impago e incumplimiento del contrato.

El temor a la ocupación que tienen los propietarios de una vivienda cada vez es mayor, y es que cada vez vemos más casos de intrusos que toman en posesión ilegal una propiedad mientras que los dueños están ausentes o en el transcurso en el que una vivienda se encuentra vacía. El desamparo legal con el que se encuentran muchas veces los propietarios en esta situación juega, así mismo, un papel muy importante, sobre todo, en la adopción de medidas de prevención. En este artículo te explicamos qué hacer si te ocupan la casa y cómo debes actuar desde el primer momento, además de responder a otras dudas de interés relacionadas con el tema. ¡Vamos a ello!

¿Pueden ocupar mi casa si me voy de vacaciones?

Los okupas modernos se han profesionalizado mucho a la hora de tomar como propia una vivienda ajena. En internet podemos encontrar decenas de guías y manuales que tienen como fin enseñar cómo ocupar una casa y que explican el proceso desde la detección de viviendas hasta cómo procurarse una estancia larga en casa ajena; sin olvidar la gran cantidad de mafias que se dedican a ello. Ahora bien, por lo general, las casas más afectadas son las segundas residencias, locales cerrados, pisos vacíos, fincas alejadas e inmuebles pertenecientes a entidades bancarias. Respondiendo pues al interrogante de si pueden ocupar mi casa si me voy de vacaciones, siempre y cuando esta sea tu residencia principal la respuesta es no; no obstante, si se trata de una segunda residencia la situación puede cambiar. Y es que en el caso de tratarse de la vivienda habitual se considerará un delito de allanamiento de morada, por lo que el procedimiento para expulsar a los ocupas suele ser rápido y sencillo. Es decir, bastaría con acudir a la policía en cualquier momento para desalojar tu vivienda y sin necesidad de poseer una autorización judicial.

¿Qué hacer si ocupan tu casa?

Cuando la vivienda lleva un tiempo deshabitada y no es considerada una primera residencia, entonces no se habla de allanamiento, sino de usurpación y en estos casos el proceso resulta mucho más complejo. Llevar a cabo la desocupación en un inmueble con estas características requiere de una orden judicial, y el proceso de obtención de la misma suele ser bastante largo y tedioso, de hecho, en ocasiones puede durar hasta un año y medio. En cualquier caso, al hablar de casa ocupada, qué hacer y qué medidas tomar te recomendamos que tengas en cuenta lo siguiente:

• Llamar a la policía: Son muchas las personas que se preguntan si ocupan mi casa, qué puedo hacer, y lo primero de todo es llamar a la policía, sobre todo si los pillas in fraganti. En estos casos, la policía puede actuar sin necesidad de una orden judicial ya que se trata de casos considerados de flagrante delito. Además, en el supuesto de que no lleguen a desalojar a los okupas al menos serán identificados y se recogerán sus datos para la denuncia.
• Demanda penal por usurpación: Esta demanda se lleva a cabo contra de personas concretas. Si presentas una denuncia antes de 48 horas, la policía puede desalojarlos sin orden judicial, mientras que si las sobrepasan será necesario tramitar la denuncia en el juzgado correspondiente por delito de usurpación (si no es vivienda o morada de nadie) o delito por allanamiento (si es la vivienda habitual). En este último caso, hay que aportar recibos de suministros, escrituras, empadronamiento… y se castiga a los okupas con penas de prisión de hasta 2 años. Este procedimiento puede durar entre año y año y medio y no necesariamente debe ser promovido por el propietario del inmueble, también puede ser promovido por una comunidad de vecinos afectada por el problema.
• Demandar civil por desahucio: En el supuesto de que el caso se quede atascado por lo penal, los propietarios también pueden presentar una demanda civil incidiendo en que no pueden ejercer plenamente sus derechos como propietarios. De esta forma, la persona que ocupa la vivienda solo puede alegar ciertas razones en su defensa, además, solo lo puede hacer tras depositar un dinero en el juzgado. La demanda civil de juicio verbal se presenta en el Juzgado Decano de Primera Instancia vinculado a la vivienda. Se debe solicitar la recuperación inmediata de la misma aportando escrituras y demás datos.

Hay que tener en cuenta que no se actúa igual con todos los okupas, puesto que no es lo mismo si el okupa es el inquilino de una vivienda (inquiokupación), un familiar o una persona ajena.

Si te ocupan la casa no llames a la policía… ¿Es cierto? ¿Qué es lo que no debes hacer nunca?

Al responder al interrogante de qué hacer si me ocupan la casa son muchas las personas que justifican no acudir nunca a la policía, ¿es esto correcto? Lo cierto es que no, sobre todo si tienes claro que la vivienda (tanto primera residencia como segunda residencia) lleva menos de 48 horas ocupada. La infracción en cuestión y en cualquiera de los casos analizados es un delito, y como tal debe ser denunciada para que las autoridades puedan actuar. La policía puede llevar a cabo un desalojo inmediato en varios supuestos, por ejemplo, cuando se está cometiendo el delito (en este caso se conoce como delito flagrante), pero también cuando intentan entrar al domicilio mientras estás dentro. Además, como indicábamos a lo largo del artículo, si se trata de una morada, entonces hablamos de allanamiento de morada, mientras que en el caso contrario se considerará usurpación.

Sea como sea, si la policía no puede desalojarlos de inmediato nunca les cortes la luz ni los amenaces. En general, no es aconsejable dirigirse directamente a los okupas puesto que puede volverse en contra al ser denunciado por coacción.

Cómo evitar que te ocupen la casa

Ahora que ya sabes qué hacer en estos casos, vamos a explicar algunos consejos sobre cómo evitar la ocupación de una vivienda. Lo vemos:

• Instala alarmas: Una de las principales ventajas de instalar alarmas es que podrás saber desde el primer momento cuando alguien ha entrado en tu vivienda de forma ilegal e intenta llevar a cabo una ocupación. Además, tendrás constancia de ello para demostrarlo a la policía, quien podrá actuar desde el primer momento y llevar a cabo un desalojo exprés.
• Refuerza la seguridad: Como, por ejemplo, instalando rejas en las ventanas y puertas de seguridad —y, sobre todo, en las viviendas destinadas a segundas residencias o aquellas que pasan mucho tiempo solas—.
• Medidas antes de un viaje: Evita publicar en redes sociales que estás de vacaciones, así como dar indicios de que tu vivienda está vacía. Te recomendamos dejar alguna persiana subida para dar la sensación de que hay alguien en su interior.

Y por supuesto, si se trata de una segunda residencia a la que no le estás sacando rendimiento y se pasa la mayor parte del tiempo abandonada, en Sociedad Española de Alquiler Garantizado te recomendamos que alquiles. De esta forma te asegurarás que el inmueble no se queda vacío y podrás evitar que nadie acceda a su interior sin consentimiento, además de obtener un beneficio considerable por ello. ¿Estás pensando en alquilar tu vivienda? Con SEAG puedes alquilar de manera segura y con la tranquilidad de saber que cobrarás mes a mes en el supuesto de sufrir un impago. Además, contarás con un servicio de protección jurídica integral gracias al cual nos ocuparemos de todos los trámites y gastos derivados de la reclamación de un impago si fuera necesario.

¡Y no solo eso! te recordamos que una vez que haya finalizado la garantía de alquiler al recuperar tu vivienda, Sociedad Española de Alquiler Garantizado incluye también un servicio de protección contra la okupación. Este es aplicable en todos los casos de garantía indefinida durante los 3 meses siguientes tras la finalización de dicho servicio. Nuestro equipo se encargará de todo el proceso judicial contra los okupas. ¡Contacta con nosotros para más información!