Es habitual que el propietario se pregunte si puede imputar los gastos de comunidad en un alquiler, si el inquilino debe pagar el IBI, la tasa de basuras u otros gastos comunes o individuales. También es frecuente dudar sobre qué son exactamente los gastos comunes en un alquiler y cómo deben reflejarse para que el acuerdo tenga validez legal. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite que muchas de estas cuestiones se pacten libremente. Sin embargo, es fundamental hacerlo de forma clara y detallada, ya que cualquier gasto que no se mencione expresamente será responsabilidad del propietario. A continuación, se analizan uno a uno los conceptos más habituales. ¡Vamos a ello!
¿Quién paga los gastos de comunidad en un alquiler?
Cuando un propietario encuentra al inquilino adecuado y llega el momento de redactar el contrato de arrendamiento, surgen muchas dudas sobre qué gastos puede asumir cada parte. Para garantizar un alquiler seguro y evitar conflictos futuros, es importante conocer qué conceptos pueden pactarse libremente, cuáles corresponden al arrendador por defecto y cómo deben reflejarse en el contrato. Si nos centramos en los gastos de comunidad en un alquiler, hay que tener en cuenta que estos pueden ser asumidos por el inquilino siempre y cuando esté pactado de forma expresa en el contrato. La LAU permite que propietario e inquilino acuerden la imputación de determinados gastos, incluidos los gastos de comunidad, siempre que quede por escrito y con indicación del importe anual. Por otro lado, la normativa se pronuncia claramente indicando que solo podrá incrementarse dicha suma por acuerdo entre las partes, de forma anual, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18.
Esto significa que, si el contrato no menciona nada, el propietario será quien pague la comunidad por defecto. Por eso es importante que el contrato detalle si se trata de un alquiler con gastos de comunidad incluidos o si estos se asumirán por el arrendador. En cualquier caso, el propietario debe tener presente lo siguiente:
- El acuerdo debe aparecer claramente en el contrato con una descripción de los gastos.
- Es recomendable especificar si se trata de gastos ordinarios o extraordinarios.
La comunidad puede incluir servicios como limpieza, ascensor, mantenimiento, jardinería o piscina, y el inquilino puede asumirlos si se pacta expresamente. En resumen, la clave para determinar quién paga la comunidad en un alquiler está en lo que figure por escrito.
¿Quién paga el IBI en un alquiler?
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo municipal que, por regla general, corresponde al propietario. No obstante, la LAU permite pactar que lo pague el inquilino, siempre que el acuerdo figure expresamente en el contrato. Este punto debe redactarse con claridad, indicando que el arrendatario se encargará de pagar el IBI correspondiente a la vivienda durante la vigencia del contrato. Si no aparece por escrito, seguirá siendo responsabilidad del arrendador. Como se trata de un tema amplio y con matices fiscales, SEAG dispone de un artículo específico dedicado a explicar en detalle quién paga el IBI en un alquiler, aunque nuestra recomendación es que sea el propietario quien lo pague ya que se trata de un tributo que afecta a su propiedad.
¿Quién paga la tasa de basuras en un alquiler?
La tasa de basuras es uno de los conceptos que genera más dudas. Al igual que el IBI, es un tributo municipal que se asocia directamente al inmueble. La LAU permite pactar que el inquilino sea quien la pague, pero, igual que ocurre con los demás gastos, es imprescindible que el contrato de arrendamiento lo especifique de forma clara. La recomendación legal es que el contrato indique expresamente si el inquilino se encargará de asumir esta tasa, así como la periodicidad del pago. Si no se pacta nada, el propietario deberá hacerse cargo. Para quienes se preguntan quién paga la basura en un alquiler, la clave vuelve a ser la misma: lo que figure por escrito.
Otros gastos comunes y servicios individuales: ¿quién debe asumirlos?
Además de los conceptos principales, existen otros gastos habituales en el día a día de la vivienda. La LAU distingue entre gastos generales imputables al arrendador e individuales, vinculados al consumo personal del inquilino. Los servicios individuales como agua, luz, gas, internet o telefonía, siempre corresponden al inquilino. No es necesario pactarlo, aunque es recomendable indicarlo igualmente en el contrato para evitar dudas —y siempre que se pueda, cambiar el nombre del contrato con la compañía de suministros al inquilino que esté haciendo uso de ellos—. Estos gastos no se consideran gastos de comunidad en un alquiler, sino suministros propios del consumo del arrendatario.
También conviene diferenciar entre gastos ordinarios y extraordinarios de la comunidad. Los extraordinarios —como obras estructurales, reformas de portal o derramas— corresponden al propietario, salvo pacto excepcional, ya que no están vinculados al uso cotidiano de la vivienda.
Los gastos de comunidad en alquiler según la nueva ley: importancia de pactar con claridad
En los últimos años, la normativa ha puesto especial énfasis en la transparencia contractual. Aunque la LAU sigue permitiendo que el propietario repercuta los gastos comunes al inquilino, la recomendación es que el contrato detalle con claridad:
- Qué parte de la comunidad asume el inquilino.
- Si el importe está incluido en la renta o se paga aparte.
- Cómo se actualizará.
- Qué conceptos exactos están incluidos.
Esta claridad contractual es fundamental para evitar conflictos, especialmente en viviendas situadas en comunidades con servicios amplios o con gastos variables según las decisiones de la Junta.
La importancia de un alquiler seguro con garantías jurídicas
Cuando se pactan gastos adicionales en un contrato de alquiler es esencial que ambas partes comprendan sus obligaciones y que el propietario cuente con herramientas para garantizar el cumplimiento del contrato. Un sistema de alquiler garantizado como SEAG es especialmente útil en estos casos, ya que protege al propietario frente al impago de rentas, cubre daños por actos de vandalismo y ofrece defensa jurídica integral hasta la recuperación de la vivienda. Además, si surgen conflictos relacionados con el pago de los gastos pactados, contar con un equipo jurídico especializado permite resolver las incidencias con mayor rapidez y seguridad.